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Para bien y para mal, el Uruguay es un país bastante alejado geográficamente del resto del mundo. En el pasado, la distancia geográfica estaba asociada con la distancia informativa. Sabíamos poco del mundo en el Uruguay de los 60 y los 70. La distancia geográfica sigue allí; la distancia informativa ha desaparecido. Esto debería llevarnos a reconsiderar ciertas cosas que tomamos como ciertas y evidentes cuando en realidad no lo son.
Al parecer, esto no es siempre así. Las recientes declaraciones de Carolina Cosse en Búsqueda (No 2373) parecen demostrarlo. Refiriéndose a la inversión que Antel hizo para conectar el país con fibra óptica, Cosse se pregunta quién, en su sano juicio, va a invertir US$ 900 millones en infraestructura “para después abrirla y generarse su propia competencia”. En un sentido tiene razón: ninguna empresa hace eso voluntariamente, ya que todas tiene una vocación monopólica. Sin embargo, la práctica que Cosse condena como irracional es hoy común en muchas partes del mundo en las que se aceptó hace bastante tiempo las ventajas de la competencia. Voy a dar solo dos ejemplos de países e industrias bastante diferentes como ilustración.
Francia invirtió cifras astronómicas en construir su red de trenes de alta velocidad durante décadas. La compañía estatal francesa (SNCF) hoy compite con otras empresas europeas que usan esa infraestructura. Ferrovie dello Stato, la empresa italiana, provee un servicio entre París y Lyon usando la estructura ferroviaria de la SNCF. Algo similar ocurre con Renfe, la empresa de trenes española que hoy circula por territorio francés.
El otro ejemplo proviene de Singapur, un país más a la escala uruguaya desde el punto de vista poblacional. Starhub (una empresa de telecomunicaciones privada) brinda servicios de Internet y televisión usando la infraestructura de fibra óptica instalada y administrada por Netlink Trust, una subsidiaria de su competidor estatal Singtel. Los usuarios pueden elegir libremente entre los distintos proveedores —por supuesto que manteniendo su número de celular—. Tanto Singtel como Netlink Trust son empresas cuyo capital accionario es controlado por Temasek Holdings, un fondo de inversiones que es 100% propiedad del Estado. Singtel, cuyo monopolio se acabó en 1997, sigue teniendo una posición dominante en Singapur y ha penetrado en varios mercados regionales a través de su fuerte participación accionaria en empresas de India, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Australia. Starhub es en parte propiedad de Nippon Telephone and Telegraph (NTT), una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo y la principal del mercado japonés.
Podría seguir acumulando ejemplos que muestran que el uso de infraestructura financiada con dineros “públicos” por prestadores privados es la norma en casi todos los países desarrollados, pero espero que estos dos casos basten para señalar que la estrategia no tiene nada de “ridículo” sino que es beneficiosa para los consumidores y para las empresas, ya que las induce a mejorar sus servicios y a ser más eficientes.
La nota también hace referencia a otros aspectos de la administración de Antel (falta de inversión y de retención de personal calificado, etc.) sobre los cuales no tengo información detallada y por ende no puedo opinar. Creo sin embargo que muchos de estos problemas se solucionarían si Antel siguiera siendo una empresa del Estado pero dejara de ser parte del Estado —esto es, si fuera una empresa privada cuyo capital accionario es controlado por el Estado—. Ello permitiría sacarle de encima las rigideces administrativas que caracterizan a las empresas que son parte del Estado en Uruguay y en todo el mundo sin perder la influencia sobre su estrategia. Ya me referí con más detalle a este tema en otra carta en este medio (Empresas públicas, beneficios privados, Búsqueda No 2.152), por lo cual no creo oportuno reiterar mis argumentos.
