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El Directorio de OSE aprobó ayer un ambicioso proyecto de iniciativa privada que de concretarse implicaría un salto importante en los niveles de saneamiento de Uruguay en un corto período de tiempo. Hoy la cobertura es de aproximadamente el 50% de la población y en cuatro años llegaría a 88%.
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El costo estimado del proyecto es de US$ 975 millones. El consorcio proponente está integrado por Saceem, Ciemsa, Fast y Teyma. Su composición solo difiere en un integrante de la del grupo que presentó el proyecto Neptuno (que prevé una nueva toma de agua sobre el Río de la Plata y nueva planta potabilizadora), que también fue aprobado por OSE y cuyo costo estimado oscila entre US$ 123 millones y US$ 235 millones. En ese caso los proponentes son Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast.
Luego de la aceptación de la iniciativa privada, el proyecto deberá recorrer ahora el camino del estudio de factibilidad pautado por OSE.
A grandes rasgos, las obras a realizar son: construcción de 54 nuevas plantas de tratamiento, ampliación de 40 plantas existentes, 3.472 kilómetros de colectores de alcantarillado y 246.973 nuevas conexiones. El proyecto abarca a 124 localidades y generaría 12.000 puestos de trabajo.
Además de la obra en sí, el proyecto trae aparejada una nueva estructura institucional. Uno de los aspectos fundamentales es que se crearía la Corporación de Saneamiento del Uruguay, con una lógica similar a la de la Corporación Vial, que sería la encargada de liderar el proyecto bajo la órbita privada. El financiamiento se estructuraría con base en un fideicomiso.
Entre las principales fuentes de financiamiento se mencionan: US$ 655 millones de organismos multilaterales de crédito, US$ 130 millones de un programa de emisión de obligaciones negociables, US$ 127 millones de créditos amortizables de bancos locales y US$ 27 millones de créditos renovables de bancos locales. Además, el Estado deberá aportar US$ 41 millones anuales durante aproximadamente 20 años, cuatro años corresponden a OSE y el resto al gobierno nacional.
El directorio de OSE aprobó la iniciativa con el voto discorde del representante del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, quien cuestionó la “aprobación exprés de un proyecto hipercomplejo”. El director opositor cuestionó el poco tiempo que tuvo para analizar el proyecto y que se le haya negado una prórroga de una semana antes de la votación. Al margen del escaso plazo, el jerarca explicó que votó en contra por la ausencia de un informe técnico, uno financiero y uno jurídico que den certezas.
Sobre los aspectos técnicos señaló que se debe aclarar qué sucede con las numerosas obras de saneamiento que OSE ya tenía planificadas y diseñadas y que se deben explicitar las novedades tecnológicas que dan mérito a que se le adjudiquen todas esas obras a un mismo consorcio.
Sobre el financiamiento, señaló que OSE hoy no puede aportar los US$ 41 millones anuales previstos por cuatro años. Finalmente subrayó que es necesario un informe legal ya que se que crean organismos se modifican competencias y hasta podría violar la Constitución si cede a privados la operación de las redes y plantas de saneamiento.
