El proyecto de la represa de Casupá abrió un nuevo frente de preocupación entre los productores de la zona: qué podrán producir en la cuenca que abastecerá al embalse y quién asumirá los costos de las medidas destinadas a preservar el agua de la cuenca, que pasaría a integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según se les informó desde el Ministerio de Ambiente.
Álvaro Rivadavia, productor de la zona, sostuvo que las pérdidas económicas no deberían quedar exclusivamente a cargo de los establecimientos comprendidos en la propuesta de área protegida, de unas 67.000 hectáreas.
“¿Por qué tenemos que asumir el costo?”, planteó al ser consultado por Agro de Búsqueda. Argumentó que conservar una fuente destinada al abastecimiento metropolitano de agua potable constituye un beneficio colectivo y que cualquier limitación productiva asociada debe considerarse al evaluar el costo del proyecto.
Para dimensionar su planteo, Rivadavia utilizó como referencia las cifras de las carpetas verdes del Instituto Plan Agropecuario, que en ejercicios anteriores indicaron que en los predios de la zona se logró una productividad promedio de US$ 230 por hectárea. Considerando un escenario de reducción de hasta 50% de los ingresos, ubicó el eventual lucro cesante del conjunto de la cuenca en US$ 7,705 millones.
Aclaró que estas cifras corresponden a ejercicios anteriores, y que este año, con los actuales precios del ganado, en niveles históricamente altos, es probable que el lucro cesante sea aún mayor.
El productor sostuvo que, si la protección de la cuenca obliga a resignar ingresos, debería existir una compensación durante el funcionamiento de la represa. Comparó esa situación con otras actividades que remuneran el uso de predios privados para instalar infraestructura, como una antena o molinos de generación de energía eléctrica.
Rivadavia relató que estas preocupaciones se profundizaron en la reunión del pasado 29 de octubre en el pueblo Gaetán, donde autoridades del Ministerio de Ambiente presentaron la iniciativa de protección ambiental, a la que asistieron unas 250 personas y quedaron pendientes definiciones sobre las reglas que regirían para los establecimientos.
También cuestionó la convocatoria y afirmó que, tras el encuentro previo con el ministro Edgardo Ortuño, los vecinos seguían esperando una devolución sobre sus planteos. En ese encuentro, celebrado el pasado 13 de octubre, se abordaron inquietudes sobre caminos, puentes, tendido eléctrico, traslado de estudiantes y afectación del monte nativo y la fauna.
En esa oportunidad, Ortuño manifestó su voluntad de continuar el diálogo y defendió el respaldo técnico del proyecto, según declaró el secretario de Estado a los medios presentes.
La propuesta de área protegida agrega una dimensión distinta a las expropiaciones necesarias para construir la represa y el embalse: alcanza a una cuenca más extensa, en la que los productores reclaman conocer las condiciones para continuar trabajando.
Alejandro Nario, director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, explicó a Subrayado el 30 de octubre que se realizarían talleres para discutir medidas concretas sobre unas 67.000 hectáreas. Aseguró que no se busca desalojar a los productores ni afectar sus principales fuentes de ingreso. Como ejemplo, mencionó alternativas para evitar que el ganado contamine directamente los cursos de agua sin impedir que disponga del recurso.
Otro de los cuestionamientos del productor de la zona de Casupá apunta al monte nativo ribereño. Sostuvo que el embalse afectaría a unas 426 hectáreas y consideró contradictorio promover la protección ambiental de la cuenca mientras se prevé inundar el bosque que identifica como su principal valor ecológico.
OSE informó en junio que el proyecto contempla un plan de restauración ecológica para compensar impactos sobre el monte nativo. El organismo describió acciones de rescate de vegetación y germoplasma, revegetación con especies nativas, control de invasoras y seguimiento de largo plazo.
Rivadavia cuestionó además que la discusión económica se concentre en la represa y las expropiaciones. Reclamó considerar las obras viales, los puentes, las redes eléctricas, la mitigación ambiental y los eventuales costos productivos a largo plazo. A su entender, esos componentes deben estar claramente cuantificados para comparar alternativas.
OSE sostiene que Casupá permitirá incrementar la reserva de agua bruta y complementar el funcionamiento de Paso Severino frente a futuras sequías. Según la información difundida por Presidencia de la República en mayo, el embalse tendrá capacidad para almacenar 118 millones de metros cúbicos, que se agregarán a los aproximadamente 80 millones disponibles en Paso Severino y Canelón Grande.
El proyecto cuenta con un préstamo de CAF por US$ 130 millones. En setiembre, OSE informó que había completado la adquisición de las tierras necesarias para el obrador tras incorporar seis fracciones de unas 61 hectáreas destinadas a esa instalación y a las obras de cierre.
La preocupación de Rivadavia también tiene una dimensión social. Describió que la zona se dedica a la producción ganadera de carne, con predominio de establecimientos pequeños y medianos y familias que llevan varias generaciones en ese lugar.
Muchos complementan sus ingresos como alambradores, esquiladores, domadores o prestadores de servicios con maquinaria, entre otros. A su entender, la afectación de los campos también alteraría ese entramado laboral y comunitario.
En su caso, señaló que su familia transita la sexta generación en la zona. Advirtió que el embalse ocuparía los campos ribereños que considera de mejor calidad y que los establecimientos podrían conservar las tierras menos productivas.
Consulta pública. Rivadavia convocó a los habitantes de la zona y a las personas vinculadas al sector agropecuario a participar en la consulta pública relacionada con el proyecto.
El plazo para presentar aportes vence el 20 de noviembre. Los vecinos de Casupá están difundiendo la convocatoria y preparando sus observaciones para que las preocupaciones del territorio queden expresadas en esa instancia.
El productor cuestionó la escasa difusión que, a su entender, ha tenido el llamado y sostuvo que la participación debe reflejar el número de familias que viven y trabajan en la cuenca.
Su planteo es que el intercambio incluya tanto las consecuencias sobre la producción como los efectos sobre los servicios, los accesos y la vida cotidiana de las comunidades rurales.
También explicó que el mecanismo permite presentar comentarios y adjuntar documentación en PDF para desarrollar los argumentos.
Exhortó a intervenir a quienes tengan una posición favorable o contraria a la iniciativa: la convocatoria de los vecinos, aclaró, busca que las personas expresen su opinión sin exigir que compartan su rechazo a la represa.
Para Rivadavia, esta discusión anticipa un debate más amplio sobre la convivencia entre la producción agropecuaria y las medidas de protección ambiental. Por eso, consideró necesario involucrarse antes de que se adopten decisiones que puedan modificar de forma duradera las condiciones de trabajo y de vida en la zona.
* Elaborado por revista Verde para Búsqueda
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