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    Integrantes de la Armada que critiquen “actos del gobierno” en sus redes sociales o WhatsApp incurrirán en una falta disciplinaria

    La Armada Nacional modificó su reglamento de disciplina, vigente desde 2001, con una serie de disposiciones que pretenden adaptar el comportamiento de su personal a la vida contemporánea de constantes desarrollos digitales, una era ya muy lejana de aquel inicio del siglo XXI. La nueva normativa fue elaborada por el Comando General de la fuerza, elevada al Ministerio de Defensa Nacional y aprobada a inicios de mes en un decreto con las firmas del ministro Javier García y del presidente Luis Lacalle Pou.

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    “La evolución de la sociedad y los cambios tecnológicos en cuanto a las nuevas formas de comunicación y expresión de los individuos hace necesario prever aquellas situaciones que, a partir del uso por parte del marino militar de estas modalidades, puedan afectar los valores fundamentales sobre los que se funda la institución, constituyéndose en faltas contra la disciplina”, establece el decreto. Más adelante señala que es conveniente generar “un procedimiento disciplinario ágil, eficiente y de pronta aplicación a fin de asegurar la disciplina” dentro de la Armada.

    Una de las novedades es que se añade, como la máxima sanción, la baja del servicio militar. En la práctica esto implica que quedan desvinculados como integrantes de las Fuerzas Armadas quienes cometan “faltas gravísimas” o por acumulación de faltas.

    Otros de los cambios refieren directamente a las faltas y buscan ir en línea con las transformaciones tecnológicas al enfocarse en conductas que pueden afectar el servicio naval. Por ejemplo, es pasible de sanción “publicar comentarios en periódicos, revistas, redes sociales, páginas de Internet, correos electrónicos, sistemas de mensajería instantánea, teléfonos, o por cualquier otro medio de comunicación o plataforma digital, que impliquen una crítica a los actos y disposiciones del gobierno o autoridades navales o militares o desprestigien a la institución”. El reglamento anterior fijaba como falta solo publicar artículos en periódicos y revistas.

    También se tomará como falta “asistir a cualquier acto de carácter político”, un límite que se profundizó respecto a disposiciones anteriores. Hasta ahora se prohibía asistir a manifestaciones, conferencias y a cualquier acto de carácter político, únicamente si se concurría vestido con uniforme militar.

    Fuentes militares consultadas por Búsqueda señalaron que estas conductas —la publicación de opiniones y la asistencia a actos políticos— ya se consideran improcedentes, algo que está contemplado en órdenes internas. Según explicaron, lo que quiso hacer la Armada ahora es dejarlo asentado oficialmente en el reglamento de disciplina y a través del Poder Ejecutivo.

    La lista de 63 faltas que incluye el nuevo documento refiere a todo acto u omisión del marino militar, intencional o culposo, que viole los deberes funcionales de la institución y sea susceptible de sanción disciplinaria. La reciente modificación agrega faltas relacionadas a la ciberseguridad, un tema de especial preocupación en todas las Fuerzas Armadas por la relativa facilidad para que amenazas externas puedan vulnerar los sistemas informáticos militares uruguayos y que lentamente empieza a ser trabajado a nivel castrense. El decreto indica que no se puede manipular equipamiento tecnológico o servicios asociados de manera indebida, ya que pueden comprometer la seguridad de la Armada.

    Los cambios al reglamento también apuntan a controlar irregularidades con el uso de recursos humanos y de material, que han tenido consecuencias éticas e incluso penales en oficiales de las Fuerzas Armadas. Además de añadir como infracción “utilizar personal a cargo o bienes de la Armada para beneficio propio”, el documento describe una serie de “conceptos fundamentales” que deben regir el accionar de los miembros de la Armada. Dos de ellos son la prudencia —definida como “la templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio y virtud que consiste en discernir y distinguir lo bueno de lo malo”— y el tacto — “el conocimiento y la apreciación que indican cuándo y cómo proceder, la sensatez al formar el juicio”—.

    En febrero, Gustavo Fajardo, general del Ejército Nacional, pidió su pase a retiro y abandonó el cargo como jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade). Una de las razones para su salida fue el uso de un camión del Ejército con fines personales. Tras el episodio, García enfatizó reiteradas veces en público la necesidad de que los militares hagan una “buena utilización de los bienes públicos”. Al sucesor de Fajardo, Rodolfo Pereyra, el ministro le pidió diseñar un plan de gestión integral y eficiente del combustible que se utiliza en las Fuerzas Armadas. En enero de 2020 una investigación de la Policía Nacional concluyó que desde la base aeronaval de Laguna del Sauce, un grupo de marinos robaba combustible para venderlo a bandas de narcotraficantes, que lo usaban en sus avionetas.