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La decisión del Ministerio de Industria (MIEM) de adjudicar tres señales de televisión que deberán ser incorporadas al sistema de cableoperadores de todo el país, causó el rechazo de integrantes del futuro gobierno y críticas en la interna del Frente Amplio. Integrantes de la coalición de izquierda entienden que a dos semanas del cambio de gobierno, no era el momento adecuado para tomar una decisión de ese tipo.
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El 14 de febrero el MIEM publicó una resolución por la que adjudicó tres señales de televisión para abonados. Una fue para el empresario de medios y exdueño del diario La República Federico Fasano; otra para TV Libre, que es parte de La República, y una tercera para Canal U. Estas dos últimas señales están al aire, pero ahora, junto con el canal de Fasano, deberán ser parte de la grilla de las más de 100 empresas de televisión que operan en el país, tanto de forma terrestre como satelital.
En el Frente Amplio hubo voces discrepantes con la decisión.
El diputado Gustavo Olmos (del sector de Mario Bergara) afirmó que fue una “mala decisión” la del gobierno “por los beneficiarios y por el momento”. Recordó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que el Poder Ejecutivo no podrá otorgar nuevas concesiones de uso de frecuencias radioeléctricas durante los 12 meses anteriores y los seis meses posteriores a la fecha de las elecciones nacionales. Si bien reconoció que en este caso no se trata de frecuencias, sino de canales, el “fundamento es absolutamente asimilable” y por eso está en contra de la decisión adoptada por la administración.
Gabriel Otero, diputado del Movimiento de Participación Popular, dijo a Búsqueda que si bien se hizo dentro de los plazos legales, “indudablemente se podría haber pensado que el momento no era el oportuno”.
“El llamado era necesario, no hay duda de eso”, pero “se hizo quizás en una fecha opinable”. Sostuvo, por otra parte, que el proceso fue “transparente” y que antes del Frente Amplio se “designaba a dedo”.
El exdirector Nacional de Telecomunicaciones durante el gobierno de José Mujica y actual director de Observacom, Gustavo Gómez, también criticó la decisión. “Fue legal pero políticamente inoportuno”, comentó a Búsqueda.
Destacó que la actitud de este gobierno fue distinta a lo que hicieron en las administraciones de Luis Lacalle y Julio María Sanguinetti, ya que en este caso hubo un proceso “abierto, con criterios y puntajes”. No obstante, dijo, la adjudicación no debió realizarse en medio de un proceso electoral. “No hablo de intenciones, pero hay que mantener el viejo principio: hay que ser y parecer”, afirmó.
El llamado
El 10 de octubre del año pasado, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) abrió un llamado para asignar hasta tres señales comerciales nacionales que serían incluidas en la grilla de las empresas de televisión para abonados.
En ese entonces, el proceso provocó malestar en la oposición y entre las futuras autoridades del sector, quienes cuestionaron que la medida se llevara adelante durante la transición del gobierno nacional (Búsqueda Nº 2.053).
Al llamado se presentaron cuatro ofertas: la de Fasano, Canal U, TV Libre y Cardinal TV, de los cableoperadores del interior. Esta última fue la única que quedó fuera de la licitación. Los cableoperadores presentarán un recurso para impugnar el proceso, según informó el diario El Observador ayer miércoles 19.
La directora de la Ursec por el Partido Nacional, Silvana Olivera, criticó la urgencia con la que se llevó adelante el proceso de asignación de señales. “¿Tanta preocupación por los plazos del decreto? ¿Por qué se apuran tanto cuando ven que ganamos las elecciones?”, cuestionó.
La evaluación de las propuestas estuvo a cargo de una comisión asesora independiente del Poder Ejecutivo, pero, según Olivera, la decisión final no pasó por el Directorio de la Ursec ni fue aprobada por el organismo.
El director por el oficialismo en la Ursec, Nicolás Cendoya, explicó que el pliego establece que el análisis “va directamente del grupo de trabajo al Poder Ejecutivo”, por lo que no debe pasar por el directorio. “Ella lo que quiere es partidizar la discusión”, contraatacó.
Cendoya defendió la decisión del gobierno saliente de adjudicar los tres canales y dijo a Búsqueda que siente “mucha alegría por este hecho histórico”. De todas maneras, reconoció que le preocupan algunas reacciones de “gente que no ha leído el expediente” y que por eso “arrojan sombras sobre un proceso cristalino”.
También declaró sentirse “triste” debido al “análisis que se ha generalizado” a partir de presuntas adhesiones partidarias.
Además, Cendoya ensayó una defensa del exdueño de La República. “A Fasano le cerraban los diarios en dictadura, durante el pachecato, durante la vigencia del autoritarismo. Atrás de esas críticas hay algo muy doloroso y muy grave que es la famosa grieta, ellos y nosotros. Como Fasano fue crítico de la dictadura y de los gobiernos autoritarios previos, es un enemigo y tenemos que pulverizarlo. Y nadie se mete, por ejemplo, con Manuel Soto, de Canal U, que ganó, porque es un muchacho rubio de ojos celestes”, opinó Cendoya.
“Como democracia, tendríamos que madurar y salir de esa cuestión de quién es mi amigo y quién es mi enemigo”, agregó.
Sin embargo, hay voces críticas con el accionar de Fasano. El miércoles 19 el dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) Luis Curbelo calificó en Twitter como “lamentable y decepcionante” la decisión del MIEM. Si bien habló a titulo personal —la APU tratará hoy jueves el tema—, Curbelo recordó que se le dio un canal a “gente que le ha jodido la vida a decenas o cientos de trabajadores”.
