La Intendencia de Montevideo (IM) clausuró el viernes 28 una planta de acopio y acondicionamiento de granos perteneciente a la empresa Caminagro SA, luego de constatar que operaba sin contar con autorización municipal.
La Intendencia de Montevideo (IM) clausuró el viernes 28 una planta de acopio y acondicionamiento de granos perteneciente a la empresa Caminagro SA, luego de constatar que operaba sin contar con autorización municipal.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa obra, ubicada en la zona oeste de Montevideo, ya tenía orden de clausura de la Inspección General de la Intendencia, y fue multada reiteradas veces por no acatar la orden y continuar operando.
Según explicó a Búsqueda el director de Jurídica de la IM, Ernesto Beltrame, “hay una divergencia entre los permisos de construcción que ellos presentaron y lo que efectivamente estaban haciendo”. No es que la actividad esté prohibida, aclaró, sino que la empresa no cuenta con los permisos correspondientes. Beltrame dijo que la Intendencia presentó una denuncia penal ante la Justicia por desacato, pero las causas fueron archivadas por el juez.
El viernes 28 la revista “Caras y Caretas” informó sobre las actividades de la empresa Union Agriculture Group (UAG) en Uruguay, y vinculó a esta compañía con las obras de Caminagro SA. Según la revista, los silos construidos sin habilitación municipal serían propiedad de UAG.
El mismo día de la publicación del artículo, Inspección General de la IM clausuró nuevamente el establecimiento. Esta vez la orden habría sido, por el momento, acatada por la empresa, informó Beltrame. Los representantes de la sociedad anónima “quedaron en regularizar el trámite” y no continuar trabajando hasta no contar con la habilitación.
El director de Jurídica dijo que si la empresa continúa con las obras, la administración presentará una ampliación de la denuncia penal ante la Justicia. Además dijo que se evalúa recurrir también a la vía civil, a través de la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, que prevé demoliciones en caso de incumplimiento.