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El anterior gobierno de la Intendencia de Montevideo, con la comunista Ana Olivera al frente, realizó varios intentos para consolidar un sistema de reciclaje de residuos entre los ciudadanos. Sin embargo, las iniciativas no consiguieron despegar y el tema sigue siendo una preocupación para la actual administración liderada por el socialista Daniel Martínez.
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Uno de los proyectos más costosos que impulsó Olivera fue la instalación, en varios barrios de la capital, de una red de contenedores diferenciados que permiten desechar los residuos de manera separada para facilitar el reciclaje.
El sistema, que se aplicó en el Centro, Ciudad Vieja, Palermo y Cordón, entre otros barrios, consiste en un contenedor naranja destinado a los residuos secos y otro verde para los residuos húmedos. La idea inicial era ampliar el plan al resto de la ciudad. Pero estuvo lejos de funcionar como se esperaba, y se transformó en un problema para el gobierno de Martínez.
“La realidad hizo que la gente no lo cumpliera. Qué le vamos a hacer”, se lamentó el intendente al ser consultado sobre el tema por Búsqueda.
De todas maneras, la administración no tiene posibilidad de dar marcha atrás, ya que el contrato que se firmó con el Consorcio Ambiental del Plata (CAP), la empresa que realiza la recolección en esa zona, sigue vigente. “Es un problema, pero todavía faltan años”, señaló Martínez.
“¿Estás loco?¿Sabés lo que salieron?”, respondió cuando Búsqueda le preguntó si pensaba quitar los contenedores. “Implicó una inversión importante. En buena medida, el costo de la licitación de la CAP se debe a que debieron amortizar en muy pocos años el costo de contenedores, que son más caros”, explicó el jerarca.
La CAP trabaja con la Intendencia de Montevideo desde 2004. En 2011 la comuna prorrogó los servicios por dos años más a un costo de $ 103 millones. En 2013, volvieron a firmar un contrato que seguirá vigente hasta 2018 y que tuvo un costo de $ 618 millones. El costo de esa inversión fue criticado en su momento por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), que hasta hoy tiene como reivindicación que el servicio de recolección sea realizado en su totalidad por los funcionarios de la comuna. Uno de sus argumentos es que, entre otras cosas, el servicio ofrecido por la compañía privada, además de ser menos eficiente, es más caro que el municipal.
“Lo que está privatizado, está privatizado”, dijo Martínez. “Remunicipalizar ni siquiera está en la agenda, vale toneladas de guita”. Eso implica que la IMM no pueda sacar del circuito a los contenedores diferenciados, pero no impide que la comuna lleve adelante otras propuestas.
“Vamos a empezar a hacer planes pilotos de clasificación, con vecinos e instituciones que han ofrecido ayuda, pero no vamos a seguir poniendo lo que no ha funcionado: los contenedores diferenciados por colores para clasificar”.
En este marco, una de las ideas que tiene la comuna, y que será aplicada en el Municipio C —barrios la Aguada, Aires Puros, Reducto y la Comercial, entre otros—, es la de instalar “islas de reciclaje”.
Se trata de contenedores que tienen seis compartimentos donde se colocan diferentes tipos de residuos, como vidrios y plástico. A quienes participen de esta experiencia, la IMM brindará premios y bonos, que podrán ir desde entradas gratis a espectáculos, hasta “puntos acumulables” que luego podrán ser cambiados por artículos (Búsqueda Nº 1.889).
En esta línea, hace unas semanas la comuna lanzó una ambiciosa campaña publicitaria en diferentes plataformas —carteles callejeros, radio, televisión e Internet— para fomentar buenas prácticas ambientales por parte de los ciudadanos.
El director de Planificación, Ramón Méndez, dijo a Búsqueda que la idea también es brindar herramientas para que los montevideanos aprovechen y den utilidad a los residuos y a los artefactos que no funcionan, una práctica enmarcada en lo que se conoce como “economía circular” (ver página 18).
La IMM planea además realizar una fuerte inversión para mejorar la limpieza. De los US$ 94 millones previstos en el Fondo Capital —un fideicomiso aprobado por la Junta Departamental en abril de 2016—, en torno a US$ 27 millones serán destinados a esa área.
Con ese dinero, la comuna apunta a construir dos centros logísticos en la zona este y oeste de Montevideo, con oficinas, talleres y depósitos. También construirán una planta de clasificación de residuos secos. Una planta de transferencia para evitar que los camiones recolectores deban hacer largos recorridos e ir siempre al sitio de disposición final será otra de las apuestas, así como la instalación de ocho centros de recepción de residuos de gran tamaño, que estarán distribuidos en diferentes zonas de Montevideo.
