Interés político sobre la ley

Las agencias internacionales son breves como para entender el proceso judicial español y su sistema político y para esto es central. Veamos:

Ocurrió lo lógico: los golpistas fueron a la cárcel condenados a penas de entre nueve y 13 años, acusados de sedición y/o malversación (uso de dinero público para organizar la consulta popular). Quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Todos son guapos hasta que vienen las de perder. Puigdemont intuyó la sentencia, huyó y se refugió en Bélgica, donde permanece prófugo financiado por los independentistas.

En esta pulseada política e ideológica el peso demográfico de Cataluña es central: sobre 47 millones de habitantes del país los catalanes son 7,6 millones y sus votos parlamentarios se utilizan como una extorsión para el indulto. Además, es la segunda economía del país y las revueltas populares violentas con frecuencia jaquean al gobierno central.

El trámite del indulto establece una consulta a la sala penal del Tribunal Supremo. Su intervención es preceptiva, pero no vinculante. El 26 de mayo en una sentencia particularmente dura el organismo se manifestó por unanimidad en contra de los indultos. Sánchez lo desestima. El indulto, dice, pretende evitar “venganza y revancha” y lograr “la concordia entre los españoles”. En realidad intenta captar votos para su molino y mantener el poder en el Congreso de los Diputados. Estos se eligen cada cuatro años, o antes si se produce una disolución anticipada de las Cámaras. Sus miembros se eligen mediante representación proporcional con listas cerradas en cada circunscripción. Los independentistas o nacionalistas tienen hoy el 10,2% de los diputados.

Para el Supremo no existen razones de justicia, equidad ni utilidad pública que podrían justificar la concesión del indulto. El fallo señala la falta de arrepentimiento de los condenados y que, por el contrario, mediante “valores antidemocráticos” reivindican sus comportamientos, que “están en las antípodas de lo que cabe esperar de quien aspira a ser indultado con arreglo a los parámetros perfilados normativamente”.

El fallo remata con que no se puede indultar a quienes asumen que la lucha por sus ideales políticos autorizaría la movilización ciudadana “para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”.

Un eventual indulto podría ser recurrido ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, pero las opciones de que se deje sin efecto son limitadas porque para ello la decisión del gobierno no tendría que estar motivada o tendría que tener efectos administrativos. Sánchez pretende mantener la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El presidente ignora los argumentos jurídicos y filosóficos del Supremo con el fundamento de que la opinión del tribunal no es vinculante. El indulto, un derecho de gracia, supone la extinción de la pena.

Es una atribución discrecional del gobierno y responde a exigencias de oportunidad y necesidad sociales. La firma el rey a propuesta del ministro de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros.

Sin embargo, la discrecionalidad no lo exime de la obligación de justificar razones de “justicia, equidad y utilidad pública”. Hasta ahora, nada, salvo expresar con cara de póquer edulcorados argumentos de concordia y unidad con música de violines. ¿Cree realmente Sánchez que los catalanes dejarán de luchar por su independencia cuando lo vienen haciendo desde 1886? Si lo cree, es más iluso de lo que parece y además sin pudor se da vuelta como un panqueque.

El 14 de octubre de 2019, el mismo día de la condena, dijo: “Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado —y me gustaría además subrayarlo— con plenas garantías y transparencia y, como corresponde en un Estado social y democrático de derecho, el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento”. Esos argumentos los expresó de diferente forma en varias ocasiones. Pero también allí como te digo una cosa, te digo la otra.

Sánchez asume un gran riesgo al apostar sin mirar sus cartas y jugar al billar con un palo de escoba. Con el indulto el triunfo socialista y su reelección en las elecciones generales de noviembre de 2023 serán inciertos. Al rechazo del Tribunal Supremo y de los partidos de la oposición se añaden ruidosas (y peligrosas) explosiones socialistas en todas las comunidades españolas.

Varios dirigentes de peso han expresado su discrepancia, la más destacada la del expresidente socialista Felipe González. Pero la opinión más significativamente profunda y concreta es la del filósofo Fernando Savater: “Se paga un chantaje político con una chapuza jurídica”. Aunque es una frase que se le atribuye falsamente al Quijote, es válida: “Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”.