Investigadora por licencias “irregulares” de docentes agremiados a Fenapes cita a declarar a la exministra Muñoz y a 25 testigos más
Mientras para el oficialismo es un “fenómeno sistémico” que involucra a más de 120 profesores de 70 liceos públicos, para la oposición es “un circo” político destinado a atacar al movimiento sindical
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El puntapié inicial lo dio el 2 de marzo del año pasado Miriam Arnejo, la exdirectora del Liceo N° 1 de San José. La exfuncionaria —ya jubilada— dijo a Informativo Carve que el profesor de historia Marcel Slamovitz, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), intentó justificar en 2017 más de 140 horas de ausencia de su cargo docente bajo el encubrimiento de un integrante del Consejo de Educación Secundaria (CES) que dispuso el archivo de una causa abierta en su contra. Arnejo aseguró que esa era una “práctica sistemática” durante la administración anterior.
Atenta a esto, la actual directora de Secundaria, Jenifer Cherro, ordenó una investigación administrativa que concluyó en un informe primario que Slamovitz se ausentó de las clases entre 2016 y 2017 por “un acuerdo entre el CES y Fenapes” y que el Consejo de Secundaria de entonces, encabezado por Celsa Puente, no actuó como correspondía.
En paralelo, el diputado colorado Felipe Schipani planteó a fines de mayo crear una comisión investigadora sobre el tema. El 8 de junio la Cámara de Diputados la aprobó por 57 votos en 98, con el cometido de “analizar la extensión y la justificación de licencias a los integrantes de Fenapes por parte de Secundaria” en el período 2015-2019.
El disparador de la comisión fue aquella denuncia de Arnejo sobre las 140 horas justificadas a Slamovitz por fuera del estatuto docente y en contra de lo que dispuso en 2017 una sala de abogados de Secundaria, explicó Schipani, y apuntó a la actuación del CES dirigido por Puente.
Por su parte, el Frente Amplio votó en contra de instalar esa comisión por entender que violaba la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y por falta de documentos probatorios que la justifiquen.
La investigadora integrada por siete miembros —tres del Frente Amplio, dos del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y uno de Cabildo Abierto— funcionaría hasta el 15 de diciembre. Sin embargo, sobre el filo del plazo, el oficialismo extendió por otros seis meses estas indagaciones, al concluir que “más de un centenar” de docentes agremiados a Fenapes se valieron de licencias de “forma irregular”, según aseguró a Búsqueda el presidente de la investigadora, el blanco Alfonso Lereté, quien agregó que es un problema sistémico en la educación media pública.
“Lo que demostró la investigadora es que el de Slamovitz no era un caso aislado, sino un fenómeno sistémico”, afirmó. “El caso del liceo de San José fue la punta del iceberg de algo que cobró una dimensión tan grande que ya involucra a más de 120 profesores agremiados de 70 liceos del país que hicieron uso de un sistema irregular para justificar sus faltas”, dijo.
Sobre la decisión de los legisladores del Frente Amplio —que además de no aprobar la prórroga de las actuaciones de la comisión, decidieron retirarse de la investigadora por entenderla una pérdida de tiempo, “improcedente” y con “vicios de ilegalidad” que afectan su validez— Lereté dijo que deberían dar explicaciones a sus votantes de “por qué no van a trabajar”.
La diputada frenteamplista Lilián Galán adjudicó intencionalidad política al oficialismo. “Esto es un circo que lo que trata de decir es que los sindicatos son un palo en la rueda”, dijo Galán en conferencia de prensa. La oposición denunció “irregularidades y tratos improcedentes por parte de los integrantes de la coalición (gobernante) en la investigadora”, hacia sus representantes y hacia algunos invitados.
Como sea, el Parlamento lleva más de 50 horas de sesiones destinadas a investigar las presuntas irregularidades con las licencias de docentes de Secundaria. Por la comisión pasaron más de una veintena de testigos y cinco se excusaron, entre ellos el expresidente del Codicen, Wilson Netto, que confirmó asistencia y luego desistió por correo electrónico.
Derecho a tener clases
Tras el receso parlamentario los diputados de la coalición continuarán sesionando. Ya definieron una lista de los próximos citados a declarar en la comisión, a la que accedió Búsqueda. Los diputados esperan entrevistar a jerarcas de gobierno de la época investigada, a varios dirigentes de Fenapes, autoridades de Secundaria y a directores de liceos que “recibieron los certificados” de profesores para gozar de licencia sindical.
En la lista de citados al Parlamento destacan la exministra de Educación, María Julia Muñoz, el exconsejero Javier Landoni —que se ausentó en una primera convocatoria—, y el profesor Slamovitz, de un total de 26 que concurrirán a partir del 7 de marzo y hasta el 13 de junio.
La oposición insiste en que no tiene sentido seguir con esta pesquisa parlamentaria. Puente, la directora de Secundaria del período investigado dijo a Búsqueda que en realidad se trata de una “operación de desprestigio del Partido Colorado”, a su juicio planificada por el presidente del Codicen, Robert Silva, y ejecutada por los diputados Schipani y Gustavo Zubía.
Puente declaró el 15 de noviembre durante siete horas en la comisión para defender su actuación como directora general de Secundaria y también deslizó críticas a Cherro, su sucesora en el cargo, por culparla públicamente de haber consentido malas prácticas. “Y más cuando está abierta otra investigación del Consejo de Secundaria que ella misma ordenó en mayo” (Búsqueda Nº 2.149).
Cherro había responsabilizado a principios de julio en el Parlamento a los exjerarcas de Secundaria: Puente, Landoni e Isabel Jaureguy. “Ninguno actúa pensando en los chiquilines”, dijo la directora de Secundaria, al referirse al eventual aval dado a la justificación irregular de horas a gremialistas.
Uno de los últimos citados a la investigadora fue el presidente de Fenapes, José Olivera. Tras exponer durante más de dos horas el 7 de diciembre, el sindicalista cuestionó desde el nombre de la investigadora hasta el objeto de la indagatoria cuya actuación descalificó, no aceptó preguntas de la coalición gobernante y se retiró de la sala, según consta en la taquigráfica.
La actitud de Olivera provocó críticas en el oficialismo. El cabildante Eduardo Lust pretendió que se anulara la sesión y se borrara la versión taquigráfica por entender que Olivera “violó varios principios de lo que es una audiencia”, pero debió dar marcha atrás.
Lereté también reprochó el comportamiento de Olivera y en cambio destacó el del gremialista Mario Bango, que en su opinión “estuvo a la altura de la circunstancias” cuando visitó la investigadora. “Bango hizo dos declaraciones muy fuertes. Una, que si seguía el Frente en el gobierno esto continuaba como si tal, todo tapado y hoy nadie sabría nada. Y otra, que todo esto era una práctica normal”.
A mediados del año pasado, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, respaldó en nombre del Poder Ejecutivo el trabajo de la investigadora de visita al Parlamento. “Esto no solo es una investigadora sobre el comportamiento de los sindicatos. Esto es una investigadora sobre el comportamiento de las autoridades educativas de la época y sobre el Consejo de Educación Secundaria de la época, que cuando tuvo que elegir entre el derecho de los alumnos a tener clases o proteger la imagen de los sindicatos, eligió proteger la imagen de los sindicatos”, declaró a la prensa.
karen@magnolio.uy
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