Irresponsable cobardía

La columna de Raúl Ronzoni

5 minutos

Nº 2158 - 20 al 26 de Enero de 2022

Algunos políticos actúan por impulsos de brutal ferocidad. No consideran la esencia ni las consecuencias de sus dichos. El escándalo desplaza a la moderación. Suponen que así pueden captar votos o, como la senadora oficialista Graciela Bianchi, mantenerse en primer plano. Desde 2013, cuando dejó el Frente Amplio para sumarse al Partido Nacional y respaldar a Luis Lacalle Pou alcanzó el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial. Como un Fórmula 1 que pasa de cero a 300 km/h en cinco segundos.

Me comentan amigos que conocen la interna herrerista que es consecuencia de que el presidente y su entorno consideran a Bianchi “una incondicional” que siempre estará para respaldarlos. ¿Los adherentes históricos no son incondicionales?

Quienes reivindican la fidelidad de Bianchi olvidan que fue incondicional frenteamplista hasta que se convirtió en tránsfuga luego de haber abrevado de sus aguas, especialmente como secretaria del extinto senador Germán Araujo. Incorporó su estilo pero no la defensa por la libertad de prensa. Ahora responsabiliza al periodismo independiente por hacer público lo que no le conviene. Los interesados conversos siempre tratan de demostrar con énfasis que en el pasado se equivocaron y que no volverá a ocurrir.

El senador cabildante Guido Manini Ríos, compañero de ruta y de ideología de Bianchi acusa a los periodistas de Búsqueda de actuar como sicarios, un difamador mote criminal aplicable a muchos militares de la dictadura a quienes él defiende.

Para que quede claro. Cuestionar al medio es cuestionar el honor de los periodistas a quienes les atribuye seguir directivas periodísticas de la empresa. Imputarles la condición de sicarios les genera daño moral. Habrá que hacerse cargo ante la Justicia civil. Allí no hay fueros.

Volvamos a Bianchi. Hace dos semanas Búsqueda (Nº 2.156) informó que militantes del gobierno organizaron una reunión virtual de fin de año para conversar con legisladores oficialistas. Al encuentro en un espacio de Twitter el martes 28 asistieron la senadora Bianchi y los senadores cabildantes Manini Ríos y Raúl Lozano, quienes durante la conversación se alinearon en varios temas.

Uno de esos puntos es que todavía no hay suficientes personas presas por los presuntos delitos cometidos en los 15 años que gobernó el Frente Amplio. Para justificar por qué se avanza con “lentitud” en esa área, ensayaron diversos argumentos, como la pandemia, la “intencionalidad” de los fiscales y, según la senadora, “infiltración” en el Poder Judicial por parte de la izquierda.

Se apoyó en su experiencia: “Miren que los fiscales y los jueces —ejercí casi 30 años la abogacía— tienen una percepción de quién está mandando, ¿eh? Entonces, de nosotros depende seguir insistiendo y lo que les decía al principio: meter el acelerador”. Omite decir que como senadora e integrante de la Asamblea General tiene que votar a los ministros de los tribunales de apelaciones y a nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Votó y nunca denunció a nadie.

Sus dichos produjeron enérgicas reacciones del gremio de los jueces, del fiscal interino de Corte, Juan Gómez, de algunos gobernantes oficialistas y de opositores. Sostuvo que fueron sacados de contexto. La vieja matufia del contexto. El domingo 16 la respaldó en El País el diputado colorado y exfiscal penal Gustavo Zubía. Cuestionó a sus excolegas Mirtha Guianze y Ricardo Perciballe y a la exjueza Mariana Motta.

Además de abogada, Bianchi es escribana y profesora de historia, fue directora del Liceo Bauzá e integró el Consejo Directivo Central de la enseñanza pública. No puede ignorar el significado bélico y despectivo del vocablo “infiltrado”. Por su esencia es de extrema gravedad para la democracia, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Alarma social gratuita.

Es que según la Real Academia infiltrarse significa “introducirse en un partido, corporación o medio social, con propósito de espionaje, propaganda o sabotaje”. Si, como sostiene, el Poder Judicial está infiltrado, tiene la obligación moral de identificar a quiénes se infiltran y qué jueces o fiscales son permeables a la propaganda o sabotaje de los infiltrados. Por razones morales debe identificar a los “topos” del sistema.

Los ciudadanos tenemos derecho a conocerlo para saber quiénes son, a quién responden y qué medidas se deben tomar para erradicarlos. No tiene derecho a mantenerlo en secreto. Callar significa traicionar los intereses de todos los uruguayos sin distinción de filiaciones partidarias. En la adolescencia los exabruptos se pueden disculpar, pero a los 69 años, con su experiencia y pisando la senectud, debería actuar con responsabilidad. Salvo que alguna dolencia la fuerce a ese comportamiento.

Lo de Bianchi es como lo de Manini Ríos. Acusó a jueces y fiscales de corrupción por encarcelar arbitrariamente a militares violadores a los derechos humanos. Pero ni ella ni él se han atrevido a señalar responsables con nombre y apellido y además a aportar pruebas sobre infiltrados y corruptos. Optan por el camino más sencillo: todos en la misma bolsa amparados penalmente en sus fueros.

De la misma forma que el diccionario permite precisar la definición de infiltrado, también habilita conocer la de sicario (asesino asalariado) y la de cobarde (miedo a emprender acciones con cierto riesgo como acusar genéricamente disfrazados de corajudos). Lacalle Pou ironizó con la oposición por sus críticas a las medidas de la pandemia: “Levantan el centro, pero no cabecean”. Bianchi y Manini Ríos, presuntos oficialistas, levantan centros y cabecean en contra del gobierno.

Así nos va.