Javier Miranda dijo en la Cámara de Comercio que la ley empresarial es un “error ideológico” porque “no soluciona” los problemas

El director de Derechos Humanos del MEC agregó que siente un “cariño especial” por ese sindicato, porque su madre trabajó para un instituto que asistió técnicamente en la construcción de las cooperativas de vivienda del gremio.

“Por eso también estoy en contra de bajar la edad de imputabilidad penal. No es aumentando la pena y los delitos que se solucionan los problemas. Ese es un error conceptual”, razonó.

Como ejemplo agregó que en la década de 1990 se aumentaron las penas para las rapiñas, los copamientos y otro tipo de delitos y esa experiencia también fue mala. “No se bajaron los delitos sino que, por el contrario, aumentaron esas conductas”, apuntó.

Miranda “bajó a tierra” su punto de vista con un ejemplo: “Si conduzco por una calle cualquiera a 120 kilómetros por hora no parece razonable que sea privado de libertad por ello. Eso se soluciona con una sanción administrativa, por ejemplo una multa y quizás hasta el retiro de la libreta”.

“Pero si atropello a alguien sí parece razonable la sanción penal y eso se llama homicidio culposo”, añadió.

“En términos de accidentes de trabajo sucede lo mismo. No acepto que me amenaces con la sanción penal por el peligro, pero si mandaste al obrero en malas condiciones y se accidenta hay un delito culposo. Ni que hablar si es doloso”, prosiguió.

Para Miranda es importante que haya “daño” para que se configure el delito, porque no se puede responsabilizar a alguien por un hecho que no ocurrió.

“Preocuparse”.

La idea manejada por el director de Derechos Humanos del MEC sonó como un bálsamo en los oídos de los dirigentes gremiales que lo escuchaban, porque es lo que algunos de ellos decían en privado a los empresarios. Pero además de una pala de arena, Miranda tenía reservada una pala de cal para los empresarios. “Ustedes tienen que preocuparse más por los derechos humanos de los trabajadores”, les dijo. “Se precisa un empresariado fuerte pero respetuoso de los derechos de los trabajadores y con mucha cultura de diálogo”, agregó.

El abogado dijo que cree que el relacionamiento obrero-patronal en la construcción es “uno de los mejores”, porque se hacen “muchas cosas juntos”. Mencionó, por ejemplo, el fondo de la construcción y la entrega de materiales escolares para los hijos de los obreros.

No obstante, indicó que es necesario “seguir trabajando” en esa línea, porque “solo con diálogo” se mejoran las condiciones de vida de los trabajadores y la productividad de la industria.

Según Miranda, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) es una “buena experiencia” de relacionamiento entre sindicatos y patronos. Ese instituto administra un fondo que se crea con aportes de trabajadores y empresarios y diseña políticas de empleo y cursos de formación para actualizar a los desocupados, entre otras acciones.

“Imprecisa”.

En este contexto, las gremiales empresariales estudian qué medidas adoptar para atacar la ley. Algunos estudios jurídicos de gran porte han comenzado a asesorar a los empleadores en esta materia. Según un documento del Departamento Laboral del estudio Ferrere, la ley que penaliza un “delito de peligro” para quien no adopte los medios de resguardo y seguridad laboral previstos “es muy imprecisa respecto de la persona sobre quien recae la responsabilidad penal”, lo que lleva a concluir que quien determinará al responsable “será el juez”.

Como consejo el estudio recomienda buscar “asesoramiento legal en materia de prevención de riesgos laborales y en aplicación de las normas legales” y realizar una “inversión y capacitación en medidas de prevención de riesgos laborales”, entre otras.