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Frente a la incrementada presión externa que impulsa cambios en las tributaciones nacionales, el gobierno uruguayo prepara los pasos a dar sobre la base de la siguiente estrategia: mantener el criterio de gravar las rentas generadas en el país —“territorialidad”— tratando de no violentar los parámetros que se definan a escala internacional.
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La directora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, María Pía Biestro, reafirmó esa línea en dos apariciones públicas en los últimos días.
En el programa Desayunos informales de Canal 12, dijo que el gobierno visualiza que “hoy” la territorialidad es el criterio adecuado para Uruguay. “Vamos a tratar de mantenerlo, sin incumplir los estándares internacionales”, señaló. Aceptó, sin embargo, que en el futuro lejano es probable que haya cambios: “En 50 o 100 años vamos a un sistema totalmente unificado” en materia de impuestos.
Entrevistada en la edición del semanario Crónicas del viernes 15, Biestro aseguró que el gobierno no está evaluando pasar del criterio de la renta territorial a la mundial. “Uruguay desde hace más de 50 años tomó una decisión de soberanía política de gravar en función del principio de territorialidad de la fuente, de gravar lo que se genera en el Uruguay. Esto no fue algo que decidió esta administración ni es producto de una modificación realizada por esta administración, lo digo por los comentarios que se han hecho de que esto se debe a la Ley de Urgente Consideración o a los cambios que se realizaron en el criterio de obtención de residencia fiscal por inversiones. Eso no tiene absolutamente nada que ver”, declaró. Y amplió: “Los países deciden cómo gravar la renta que se genera, los países en vías de desarrollo, por lo general, pueden tomar como decisión ir por el criterio de territorialidad de la fuente. Es típico en un país importador de capital ir por ese camino. Y esta administración es gran defensora del principio de territorialidad de la fuente. Obviamente, estamos atentos a cómo avanza el mundo y a los requerimientos que se tienen desde el punto de vista internacional en materia de fiscalidad, y Uruguay no pretende incumplir ningún tipo de estándar”.
El martes 5, el Consejo de la Unión Europea incorporó a Uruguay en el llamado “anexo II”, en el que están aquellos que “aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza” en esa materia. Biestro dijo en Búsqueda de esa semana que los compromisos asumidos por el gobierno con la UE son de “ajustar algunos aspectos relativos al régimen de ininclusión de los ingresos de fuente extranjera en la base tributaria del impuesto a la renta empresarial” (N° 2.143). Las medidas para levantar las observaciones abarcan solo las rentas pasivas (dividendos, intereses y regalías).
