Bajo presión internacional, el gobierno prepara cambios en tributos a empresas
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En medio de una fuerte presión desde el exterior, que propicia cambios en la tributación a escala global, el gobierno de Luis Lacalle Pou planifica algunas modificaciones impositivas que afectan al sector empresarial.
El martes 5 el Consejo de la Unión Europea (UE) incorporó a Uruguay en el llamado “anexo II”, en el que están aquellos que “aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza” en esa materia. De manera coloquial se la conoce como una “lista gris”; en otra nómina (“anexo I”), identificada de manera no técnica como “negra”, figuraron países o territorios que, para los europeos, no cooperan en el combate global a la evasión, la elusión y el lavado de activos.
La directora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía (MEF), Pía Biestro, informó a Búsqueda que los “compromisos asumidos con la UE son de ajustar algunos aspectos relativos al régimen de ininclusión de los ingresos de fuente extranjera en la base tributaria del impuesto a la renta empresarial”.
“Las medidas a adoptar por Uruguay con la finalidad de levantar las observaciones abarcan solo aquellas rentas denominadas pasivas, entendiéndose por tales los dividendos, intereses y regalías”, avanzó. En ese sentido, desde julio trabaja un grupo con funcionarios del MEF y de la Dirección General Impositiva que “está analizando este tema” y que se encuentra “en permanente contacto con los técnicos del Código de Conducta de Fiscalidad de las Empresas de la UE, con los cuales hay un muy buen diálogo y una voluntad manifiesta de cooperación para llegar a una solución mutuamente satisfactoria para las partes”, recalcó la jerarca.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó en Canal 5 que hay “algunos deberes” y un “cronograma concreto” para cumplirlos. Por su lado, la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, dijo en Radio El Espectador que Uruguay se comprometió a hacer esas modificaciones con diciembre de 2022 como “fecha límite”.
A partir de 2020 el Consejo de la UE hace la revisión de sus listados dos veces por año (en febrero realizó la primera del 2021).
“Responsabilidad del gobierno”
Desde el Frente Amplio señalaron la figuración de Uruguay en esa nómina como un paso atrás para el país, y algunos dirigentes lo atribuyeron a medidas adoptadas por el actual gobierno que, según ellos, bajaron los controles frente al blanqueo de capitales o alentaron por vía fiscal a extranjeros a pedir la residencia.
“Uruguay es un país cooperante que tiene que mejorar lo que tiene, y lo que hizo el gobierno fue todo lo contrario. Hay responsabilidad del gobierno. No se la adjudican los europeos, pero ellos observan todo y esto que se ha hecho es contradictorio con lo que las autoridades europeas reclaman”, dijo a Búsqueda el exministro de Economía y actual senador frenteamplista Danilo Astori.
El Poder Ejecutivo reaccionó con energía a los cuestionamientos desde la oposición. El MEF, a través de un comunicado el mismo martes, enfatizó que el país sigue considerado como “cooperante” y acotó que “no existe lista gris ni de ningún color en el marco de la UE. Lo que sí existe es una nómina de jurisdicciones no cooperantes, en la cual Uruguay no está y nunca estuvo incluido desde 2017 a la fecha”.
El pronunciamiento de la UE se produjo casi en simultáneo con la publicación de los Pandora Papers, una investigación periodística internacional a partir de casi 12 millones de documentos filtrados de operaciones en paraísos fiscales. Como medio asociado en ese trabajo, Búsqueda publica en esta edición varios informes relacionados con Uruguay.
“Tiempos difíciles”
Las presiones orientadas a introducir cambios tributarios de nivel internacional —en un contexto de serios desequilibrios fiscales tras la crisis por la pandemia de Covid— llegan desde varios foros. Impulsado por el Grupo de los Siete países más avanzados y respaldado hasta ahora por unas 130 jurisdicciones, este año se sentaron las bases para establecer un impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales, una discusión que seguirá con reuniones previstas para este mes.
“Se nos vienen tiempos difíciles en materia tributaria y seguramente haya que aunar esfuerzos con el sector privado y la academia. Se avecinan cambios muy complejos y con muchos efectos por varios lados”, afirmó en una reciente charla para tributaristas Fernando Serra, actual asesor del MEF y quien ocupó el cargo de Biestro en el último gobierno del Frente Amplio (Búsqueda Nº 2.137).
Con esas modificaciones a escala mundial “se están neutralizando los regímenes de incentivos que otorga Uruguay y también la aplicación del principio territorial de imposición sobre la renta. Acá tenemos dos problemas de mucha relevancia para nuestro régimen tributario. En particular, estaría neutralizando el régimen de exención de zonas francas, del software —entre otros—, los incentivos tributarios de la ley de inversiones, la determinación ficta de la renta de fuente uruguaya (…), estaría neutralizando las rentas activas y pasivas de fuente extranjera”, enumeró Serra.
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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