Jerarca de la Asociación de Peritos fue imputado por vender 108 caballos que debía cuidar

Un año después, el 28 de marzo de 2022, la sociedad Balito S. A. —sociedad que era titular de los predios— denunció que Ferreira había vendido los equinos sin la autorización judicial correspondiente y la Fiscalía comenzó a investigar. Rusiñol aseguró que “se pudo determinar” que vendió los caballos a un frigorífico del departamento de Florida por US$ 19.086 y $ 599.187.

La defensa del imputado, a cargo de Paul Pereira Schurmann, se opuso al pedido de formalización y argumentó que la venta fue un “acto de conservación”, para mantener otros 600 animales vacunos que se encontraban en “sobrepoblación” en los campos en litigio. El abogado afirmó que eso traía “problemas técnicos” que fueron advertidos por asesores, porque “la convivencia entre caballos y vacunos hacía prácticamente imposible la alimentación de todos esos animales”, quienes recomendaron “sacar a los caballos del lugar” por “el daño que ocasionan a las pasturas” con su consecuente “riesgo de la sobrevivencia de otros animales”.

Además, dijo que Ferreira “no se quedó” con el dinero obtenido, que era para el mantenimiento de los animales. “Los actos que realizó son actos de verdadera conservación, no fueron actos de apropiación”, reiteró.

En respuesta, la fiscal del caso señaló que “jamás” se informó a la sede judicial de que pretendía realizar la venta, “no se esperó la autorización a tales efectos”, por lo que “no estaba avalado” y en conclusión “claramente violó ese mandato judicial”.

“Se afectó el bien jurídico que es la tutela de la administración pública”, afirmó Rusiñol, porque la administración de Justicia le “confió” los bienes en el entendido de que “iba a cumplir con sus obligaciones” y por el contrario hubo una “desobediencia abierta”. “Que los equinos no se hayan perdido definitivamente no implica que no se hayan afectado”, agregó.

Durante la audiencia judicial, el abogado de la denunciante, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, aseguró que el imputado no solo “vendió los animales”, sino que “previamente los marcó”, algo que calificó como un “acto de apropiación”.

“Los marcó con la marca a fuego de la sucesión que él administra. Es un acto de apropiación. Y confeccionó una guía falsa para trasladarlos”, indicó.

Además, relató a la Justicia tras analizar la carpeta del caso que el imputado declaró ante la Fiscalía que estaba “probado” que los animales eran de la sucesión que administraba, por lo cual el “nuevo argumento” de que fue “un acto de conservación” es “falaz y contradictorio con sus propias declaraciones anteriores”.

Díaz adelantó que la empresa denunció al contador “auxiliar de la Justicia en más de 100 expedientes en todo el país” por “otros delitos”, cuyo análisis deberá darse durante la investigación fiscal que comenzó.

La Asociación Uruguaya de Peritos actúa como asesora y auxiliar de la Justicia en procesos de concurso. En esa tarea, como administrador, debe preservar los bienes que tiene en custodia.

Tras escuchar a todas las partes, la jueza concluyó que “los hechos narrados” fueron “suficientes” para “formalizar” a Ferreira. Como medida cautelar, determinó la fijación de domicilio por 180 días del imputado, que fue descrita como “mínima” por la Justicia. A su vez, la defensa del imputado tiene un plazo de seis días para entregar la fundamentación del recurso de apelación que presentó.