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    Jerarcas del Poder Ejecutivo fueron a la Corte a transmitir que hay preocupación internacional por sus fallos sobre derechos humanos

    Una delegación de jerarcas de primera línea del gobierno concurrió ayer miércoles 15 a la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a transmitir que existe “preocupación” a nivel internacional por su sentencia en la cual declaró inconstitucional la norma que eliminó la “ley de caducidad”, dijeron a Búsqueda fuentes que participaron en el encuentro.

    En la reunión, que se desarrolló en un ambiente “cordial”, participaron por el Poder Ejecutivo el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, los ministros Ricardo Ehrlich (Educación), Luis Almagro (Relaciones Exteriores) y Eduardo Bonomi (Interior), el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, Javier Miranda, y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, quien aclaró que concurría porque también integra un comité intergubernamental dedicado a estos temas.

    De acuerdo con las fuentes, los miembros del gobierno entregaron a los ministros de la SCJ un informe recientemente elaborado por el Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Dicho informe es muy crítico con la posición que asumió la mayoría de la Corte, que considera que no deben aplicarse con retroactividad figuras penales que no estaban previstas en las décadas de 1970 y 1980 —cuando se cometieron estos hechos en Uruguay— porque eso vulnera el principio constitucional de legalidad, entre otros argumentos.

    Según los informantes, quien llevó la voz cantante en la reunión fue el canciller Almagro, que en un tono “muy cordial” subrayó que esta situación puede desembocar en la responsabilidad internacional del Estado uruguayo.

    “El Estado es uno solo”, dijo en varias oportunidades Almagro, y sobre esa base ofreció la colaboración del Poder Ejecutivo para buscar caminos de entendimiento, dijeron las fuentes.

    Los ministros de la Corte aprovecharon para decirles a los integrantes del Poder Ejecutivo que existe falta de fondos para desarrollar cursos de derechos humanos con invitados extranjeros en el Centro de Estudios Judiciales y otras instancias de formación. De hecho, señalaron que estos recursos estaban previstos en una ley de Rendición de Cuentas pero que los legisladores oficialistas no los votaron. En ese contexto, Almagro afirmó que para estos cursos puede conseguirse financiamiento internacional y se comprometió a trabajar en ese sentido.

    El encuentro fue bien valorado por algunos ministros de la Corte, que destacaron su tono.

    “Si bien fue una especie de tirón de orejas se trató de un encuentro cordial y quedaron puentes tendidos para trabajar en temas de interés común”, evaluó uno de los magistrados. “En función de algunas declaraciones de legisladores oficialistas que hablaban de ‘democratizar’ el Poder Judicial, puede decirse que fue un encuentro de guante blanco”, comentó otro ministro.

    De hecho, en el encuentro se habló de otros temas. Por ejemplo, los ministros Ricardo Pérez Manrique y Jorge Chediak señalaron el “penoso” estado en el que encontraron el sector femenino de la cárcel de Tacuarembó. Sobre ese punto, según las fuentes Bonomi dijo que el gobierno trabaja para mejorar todas las cárceles del país.