Jorge Vázquez acusó a la oposición de hacer campaña al intentar “convencer” a la gente de que Uruguay “es un país inseguro”

Luego se remontó al inicio del primer gobierno del Frente Amplio para explicar por qué ahora las encuestas muestran a la seguridad como una de las mayores preocupaciones ciudadanas. “Hoy en día los uruguayos han logrado unas seguridades que antes no tenían. En el 2005, en el 2004, la inseguridad más grande que tenían es que fueran a trabajar y no los hubieran echado. Los grandes problemas que tenían en el 2004 y en el 2005 eran la pérdida de trabajo, el salario y no saber qué iba a pasar con este país. Allá de lejos venía el tema de la seguridad, la educación, la salud”, sostuvo. “Cuando los uruguayos empezaron a adquirir más seguridad desde el punto de vista laboral, aproximadamente en el año 2008, cuando vieron que los puestos de trabajo no se perdían, que se abrían nuevos, que mejoraban los salarios, ahí la gente empezó a sentirse insegura. La gente se siente insegura por las cosas que puede perder”, agregó.

El viernes 22, Vázquez, entrevistado por Subrayado, mencionó específicamente la disminución de presos como “una de las causas más importantes” de las altas cifras de violencia que divulgará el Ministerio del Interior. “Hoy en día tenemos 1.400 presos menos con respecto al año anterior. Hay menos gente procesada y menos gente en las cárceles, que se están vaciando. La gente ve que la policía detiene a los delincuentes y al otro día están libres en la calle”, afirmó en una opinión secundada el martes 26 por el ministro Eduardo Bonomi, quien esgrimió que “no están presos quienes deberían estar presos”.

Las críticas a la Justicia generaron el miércoles 27 la reacción del fiscal de Corte, Jorge Díaz, tras algunas semanas en que ambos organismos se habían abstenido de acusarse públicamente por la situación de inseguridad. “En este país el único funcionario público que puede privar a un ciudadano de su libertad ambulatoria, legalmente, es un juez. No el ministro del Interior. Entonces, zapatero a tus zapatos”, respondió en Radio Carve.

Por lo pronto, el proyecto de reforma impulsado por el Ministerio del Interior para endurecer algunos aspectos del Código del Proceso Penal tuvo en el Parlamento una discusión más complicada que lo previsto, y la versión final que aprobó el martes 26 la Comisión de Constitución y Legislación del Senado tuvo varios matices.

La iniciativa, que pasará a votación del Senado y luego a Diputados, establece que los fiscales deberán obligatoriamente solicitar la prisión preventiva para los reiterantes o reincidentes que cometan delitos gravísimos, pero el juez tiene libertad para decidir si la dispone. Asimismo, se acotó el margen de negociación de los fiscales en los procesos abreviados —cuando se acuerda una pena con el responsable del delito y se evita ir a juicio—. El proyecto dice que en los casos de delitos gravísimos no podrán pedir una pena menor a la mínima prevista en el Código Penal.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, fue uno de los que concurrió a la comisión para expresar el desacuerdo de los jueces con los cambios propuestos, en el entendido de que son contrarios al espíritu del nuevo código. Consultado sobre el proyecto finalmente aprobado, Reyes dijo a Búsqueda que es positivo que no se haya establecido que la prisión preventiva sea obligatoria para algunos delitos, ya que ese era uno de los puntos que más preocupaba a la asociación. También opinó que la versión final hace “un tratamiento más racional en cuanto a las limitaciones para el procedimiento abreviado”, en comparación a lo que se planteó originalmente por el Ejecutivo.

Lamentó, sin embargo, la incorporación de una norma que establece que el juez puede solicitar más pruebas si no está convencido de la culpabilidad o inocencia de un sospechoso. “Eso no corresponde a un sistema acusatorio”, dijo Reyes, ya que el juez debe mantenerse como un tercero imparcial en el proceso.