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Mientras que el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo (IMM) avanzan en la regulación de aplicaciones de transporte como Uber —que conectan a conductores particulares con clientes—, y los trabajadores que usan esas plataformas se organizan para plantear reclamos, el sindicato de taxistas continúa movilizándose en contra de esas tecnologías.
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Este miércoles el Sindicato Único de Automovilistas con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) cortó la calle 25 de mayo, donde se ubica la Junta Departamental. Representantes de la gremial mantuvieron una reunión con ediles en la que expresaron su rechazo a la iniciativa de regular la actividad de Uber.
En tanto, la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta recibió a un grupo de representantes de Cutcsa, encabezados por Juan Salgado. El edil del Frente Amplio, Claudio Visillac, dijo a Búsqueda que el empresario expresó su “beneplácito” al proyecto de la comuna.
El órgano legislativo de Montevideo está estudiando un proyecto para regular la actividad de Uber y empresas similares que operan en la capital, como Cabify e EasyGo.
El Suatt considera que no hay una demanda de viajes suficiente para que convivan ambos tipos de empresas.
El proyecto de decreto fue enviado el viernes 11 por el Ejecutivo de la IMM, comandado por el intendente Daniel Martínez. El texto, entre otros puntos, exige un permiso —que otorgaría la misma comuna, que es la encargada de regular el tránsito en la capital— a los conductores que quieran brindar ese servicio e impone pagar un canon de $ 1,7 por kilómetro recorrido. El director de Movilidad de la IMM, Pablo Inthamoussu, explicó en una conferencia de prensa realizada el viernes que el proyecto de la comuna es complementario a las leyes de nivel nacional.
La Comisión de Innovación de la Cámara de Diputados aprobó esta semana el proyecto de regulación de aplicaciones presentado por el diputado frenteamplista Carlos Mahía, que establece que las empresas de transporte que usen las aplicaciones deberán respetar la normativa vigente en materia de transporte. Establece, además, que de incumplirse la normativa se deberá informar a la Justicia, la cual, si lo entiende pertinente, podrá bloquear las cuentas bancarias del sujeto que incumpla.
Los legisladores también estudiarán una propuesta que envió el Ejecutivo, pero que todavía está en Comisión. De acuerdo a ese proyecto, el Banco Central podrá bloquear las cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial.
Este miércoles la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (Acua) se reunió con autoridades de la IMM. La gremial, creada recientemente, solicitó un “respiro” a las autoridades de la comuna en los controles que están emprendiendo los inspectores, que siguen fiscalizando más allá de la intención de regular el servicio.
Acua también se reunió con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. El jerarca señaló que aún debe decidirse el vínculo de los conductores de aplicaciones con las empresas y estimó que puede tratarse de empleados dependientes, independientes o una mezcla de ambos.
Sobre las inspecciones que su cartera puede realizar, estimó que “la fiscalización es una forma de actuación” que puede ir conjuntamente con otras, como cruces de información, coordinación con otros organismos, elaboración de normas o campañas de sensibilización.
