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El Dr. Rodolfo Saldain —de quien ya he dicho que respeto y aprecio personal e intelectualmente— como prueba irrefutable de que fue uno de los corredactores, junto con el Dr. Renán Rodríguez hijo, de la Ley 16.713, que introdujo a las AFAP, apenas a un mes de su aprobación, en noviembre de 1995 escribió un libro1 de 360 páginas, y en la número 37 entusiastamente afirmaba que la ley tenía “las características de un proceso fundacional” en tanto: 1) “el nuevo modelo no es un mero recorte de gasto, sino, especialmente, una reasignación del mismo priorizando el tratamiento de las prestaciones de los sectores de menores ingresos”; 2) que se había “rediscutido el rol de los agentes y las técnicas de cobertura, redefiniendo el espacio de acción de los agentes públicos y la técnica de reparto de gastos e incorporando espacios para agentes privados” “y la técnica de la capitalización (redefinición de roles del Estado, la sociedad y el individuo)”.
Pasados 26 años, estamos en perfectas condiciones para comparar un pronóstico tan promisorio (indudablemente más político e ideológico que técnico), con la realidad de las trabajadoras y trabajadores que han sufrido o usufructuado el sistema mixto. Al respecto es necesario comenzar diciendo que cuando Equipos Consultores preguntó a sus encuestados y encuestadas cuál era la primera palabra que se le venía a la mente cuando pensaba en el régimen de seguridad social imperante, esa primera palabra, de manera gigantesca, era injusto.
En primer lugar, los “sectores de menores ingresos”: en cuanto a los que acceden a una jubilación mínima, de no haber mediado una política de mejoras de la misma en los años que van del 2005 al 20202, estaría en valores que hoy apenas superarían los 6.000 pesos; así mismo, las trabajadoras y trabajadores de esos sectores más débiles son los que hoy están teniendo serios problemas para poder acceder a configurar una causal jubilatoria siquiera a los 70 años. En segundo lugar, para quienes se jubilan por el régimen “solidario” solo del BPS, los montos que se pagan equivalen —para aquellos que logran reunir los años de trabajo— a poco más de la mitad del sueldo de actividad. A vía de ejemplo, quien tenga un promedio jubilatorio actualizado de sus sueldos de 30.000 pesos (para lo cual hoy debería estar ganando unos 40.000), con 65 años de edad y 45 de trabajo (con la actual ley, sin empeorarla nada), hoy se jubila con el 67,5% del promedio aplicable: $ 20.250.
Sobre el ahorro individual ya hemos visto las primeras víctimas en los llamados “cincuentones y cincuentonas” considerados en su momento “un daño colateral” por el propio Rodolfo. De no haber mediado la ley del 20183, la pérdida de ingresos que hubieran padecido al momento de jubilarse hubiera configurado una tremenda injusticia. Continuando con el régimen de AFAP, hoy es posible saber a quiénes verdaderamente les favorece: a los que ganan más de $ 202.693, porque aportan al BPS hasta los $ 67.564, y de esta suma hasta la anterior a la AFAP. Pero después de los 202.000 pesos dejan de aportar, ganando mes a mes el líquido en su bolsillo de ese aporte que antes de la ley debían hacer al BPS haciendo realidad la solidaridad intrageneracional. En muchos casos, es común que estas personas empiecen a cobrar por la AFAP a los 65 años, y luego siguen trabajando hasta los 70 años o más aportando solamente hasta 67.000 al BPS. (Debe tenerse en cuenta que, conforme a un reciente libro de Fucvam4, en nuestro país hay 25.000 personas que ganan más de 660.000 pesos mensuales).
Renglón aparte merecen los afiliados “voluntariamente” no obligados a afiliarse a una AFAP por ganar menos de 67.000. En estos casos, está demostrado que solamente se vería favorecido por el actual régimen (a costa del BPS que les paga una compensación) un trabajador o trabajadora que comience a trabajar a los 18 o 20 años, con sueldos superiores a los 40.000 o 50.000 pesos, y que pudiera tener la “certeza” (“hija de la futurología”) de que tendrán una densidad de cotización cercana al 100%, es decir, que pudieran tener la certeza de que esos 40 años estarán siempre y efectivamente registrados en la historia laboral. ¿Cuántos son esos y esas jóvenes cuando en tales edades tenemos un 30% de desocupación?
Por mi parte, hablé por más de una hora y media con una funcionaria de una AFAP, quien me contó de la vergüenza que le provoca el tener que notificar a trabajadoras y trabajadores que habrán de cobrar ¡siete pesos de renta vitalicia!, ¡70 pesos!, ¡230 pesos!, ¡1.200 pesos! En promedio pagan 6.000 o 7.000 pesos, pero hay decenas de miles que cobran las anteriores sumas miserables. Ahora, en la nueva “reforma”, se pretende fortalecerlas más, sin tener en absoluto en cuenta la opinión de los expertos de la Organización Internacional del Trabajo que hace tres años recordaron que entre 1980 y 2014 30 países privatizaron sus regímenes públicos de pensiones (fuimos el cuarto) “en contra de las recomendaciones de la Organización” y que en el 2018 nada menos que más de la mitad de esos países “habían revertido total o parcialmente dicha privatización, y que, teniendo en cuenta las sucesivas pruebas sobre las repercusiones sociales y económicas negativas, se puede afirmar que el experimento de privatización de las pensiones públicas ha fracasado, (…) no dio los resultados esperados (…) las prestaciones se deterioraron”.
Por otra parte, entre los propagandistas de la Ley 16.713 se hablaba que iba a estimular la competitividad entre los operadores privados (y el Banco de Seguros del Estado quedó solo en el pago de las rentas vitalicias), que dicha competitividad iba a hacer que las comisiones fueran más bajas (y de no mediar la regulación que se estableció hace unos años, seguirían cobrando cifras astronómicas). En cuanto a las ganancias de las AFAP como empresas, cualquier empresario sabe que tienen márgenes de ganancia incomparablemente altos.
Hasta ahora, no he escuchado una sola autocrítica de los creadores de la ley diciendo “nos equivocamos en 1995”. En fin, que no hay más remedio que volver cada tanto a la Biblia, en particular al Evangelio atribuido a San Mateo: “Guardaos de los falsos profetas (…). Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?”. Cada lectora, cada lector, tendrá su propia respuesta que —como siempre— para mí es la más importante.
En cualquier caso, tal vez nuestro pueblo debería ir preparándose para las elecciones del 2024: ¿quién nos dice que capaz junto con ellas las AFAP sean sometidas a plebiscito y —con solo un 15% de confianza de la población en ellas— quizá sea posible aventurar un resultado? Del mismo modo, los cuestionamientos a la indexación de las pasividades por índice medio de salarios pueden culminar transformándose en un mandato constitucional que evite para siempre las pérdidas del poder real de las mismas, como ocurrió en enero pasado, y se establezcan constitucionalmente soluciones más efectivas para la desigualdad de trato que reciben las mujeres en la seguridad social.
El sistema político —y el think tank en que por momentos parece haberse convertido una parte de la Comisión de “Expertos”— debería preguntarse si, producto de una “reforma” sacada a los apurones y sin verdadera “sostenibilidad democrática”, no termina resultando peor la enmienda que el soneto, para satisfacción de las verdaderas demandas de nuestro pueblo.
Adolfo Bertoni *
Expresidente de ATSS
CI 3.289.304-5
Notas:
1 Reforma jubilatoria: el nuevo modelo previsional. Fundación de Cultura Universitaria.
2 Aparte de mis críticas a lo actuado por el FA en la materia, manteniendo a pesar de tener mayorías parlamentarias el lucro que había prometido eliminar junto con las AFAP.
3 A más de la mitad de los afectados le ha favorecido el regreso al régimen solidario del BPS (aun a pesar del “diezmo” cobrado por los legisladores frenteamplistas). Y la inmensa mayoría de quienes no han regresado no lo han hecho porque jubilatoriamente les favorezca el régimen mixto, sino porque los montos a devolver al BPS les resultan demasiado altos, a veces imposibles de pagar.
4 Los de arriba: estudios sobre la riqueza en el Uruguay, 2021.
5 “La reversión de la privatización de las pensiones: reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”. OIT. Documento de Trabajo N° 63.
