Jueces discrepan con la Corte y cuestionan que se deroguen juzgados de género; “es un retroceso para las víctimas”

También las juezas y jueces que trabajan en los asuntos de violencia y familia están en desacuerdo con el plan de la Corte. De acuerdo con un documento de la Asociación de Magistrados (AMU) que recoge sus opiniones y analiza los cambios propuestos, los jueces consideran que deshacer los juzgados especializados que crea la ley es un “claro retroceso en la protección de la víctima”.

“Superjueces”

El objetivo de la norma Nº 19.580 es que se instalen juzgados que reúnan todos los conflictos —penales, civiles, de familia o laborales— que se deriven de situaciones de violencia de género, para evitar que las víctimas deban “peregrinar” por varias sedes judiciales. Pero a propuesta del Poder Judicial el gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto dos artículos que derogan varias de las competencias que asumirían esos juzgados. En concreto, planteó eliminar la intervención de los Juzgados Especializados en Violencia de Género en los procesos penales y de divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y visitas.

Así, la protección ante las situaciones de violencia continuaría bajo la competencia de los actuales Juzgados de Familia Especializados y los demás asuntos se seguirán distribuyendo en otras sedes según la materia.

En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados que estudia el proyecto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle, explicó a mediados de setiembre que no comparten que un solo juez unifique todos los asuntos de género: “Estaríamos creando superjueces, sobrecargándolos, y les exigiríamos algo que los hechos demostrarán que no podrá cumplirse”, dijo.

“No veo que un juez penal esté siguiendo un divorcio. Es como trastocar todo; es demasiado trastoque”, dijo la ministra. Además, sostuvo que la Corte no considera conveniente que los juzgados especializados en género asuman también la materia penal, ya que sería volver al “juez inquisidor” que “va en contra del modelo” que instauró el nuevo Código del Proceso Penal. “Sé que algunas organizaciones de mujeres —no todas— se han quejado, argumentando que la víctima debe hacer un periplo por los juzgados. Eso es algo que nos pasa a todos; también les pasa a los ancianos o a los discapacitados, que son vulnerables”, añadió Minvielle.

La diputada del Frente Amplio, Verónica Mato, defendió en la comisión la propuesta de instalar sedes especializadas en género: “No es grato para las mujeres, los niños y las niñas que viven situaciones de abuso ir recorriendo juzgados de un lado para el otro”.

El lunes 5 la Intersocial Feminista expresó en un comunicado su “enorme preocupación” por la intención de la Corte de derogar los juzgados multimateria, lo que considera una “amputación grave” que afecta “directamente al núcleo más importante” de la Ley Nº 19.580. “El avance legislativo, ajustado a las recomendaciones que Uruguay suscribe frente a Naciones Unidas y la OEA, nunca se vio puesto en marcha porque el Poder Judicial argumentó no tener presupuesto para hacerlo. Tres años después de dictada la norma, la SCJ encuentra que para cumplirla lo que debe suceder es derogar dicho avance, o sea, volver legalmente a 2016”.

Respecto al anuncio esta semana de los diputados de la coalición sobre que se destinarán recursos extra para crear tres juzgados nuevos con competencia en violencia de género en el interior, la Intersocial sostuvo que, si bien la noticia “podría ser algo para celebrar, encubre que mientras se crean estos tres nuevos juzgados los mulimateria se eliminan”. Las organizaciones sociales pidieron que se retire del Presupuesto esa medida para que sea discutida con más profundidad.

“Importantes deficiencias”

El análisis elaborado por la Subcomisión de Género de la AMU plantea que los juzgados que trabajan en asuntos de violencia y protección de mujeres y menores de edad “se encuentran sumamente desbordados en su capacidad de trabajo” y que, por tanto, en las condiciones actuales “no es viable” que asuman las competencias en familia y penal.

“Sin embargo, entendemos que la derogación de dichas competencias no es la única ni debería ser la primera opción, ya que afecta gravemente el derecho de las mujeres víctimas de violencia basada en género”, sostiene la asociación. “Debe tenerse presente que el volumen total de trabajo es el mismo, ya que las causas penales y de familia que pasarían a los Juzgados de Violencia Basada en Género ya se tramitan actualmente en las sedes respectivas”.

Además, la subcomisión señaló las “importantes deficiencias edilicias” en las sedes del interior del país, “la escasa cantidad de defensores públicos para asistir y asesorar a las partes de los procesos”, el “atraso de meses” en la presentación de informes de valoración de riesgo por parte del Instituto Técnico Forense y la “escasa cantidad de peritos para informar sobre la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Así, no reforzar los recursos destinados al área, “aún en el escenario de derogación de competencias planteado, implica perpetuar la exposición de las víctimas a la violencia y la revictimización”, concluye.