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El juez letrado de lo Contencioso Administrativo Federico Tobía condenó al Banco de Seguros del Estado (BSE) a pagar decenas de miles de dólares al ingeniero agrónomo José Poittevin por el “acoso laboral” al que se vio sometido por un funcionario que lo marginó de un concurso y le cortó injustificadamente su carrera administrativa, lo que provocó que el denunciante esté desde hace nueve años sin realizar ninguna tarea.
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La abogada del funcionario, Alicia Martínez —quien también es su pareja—, dijo a Búsqueda que el BSE “no cumple con dos sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo” y que la institución bancaria “mantiene desde 2005 a un ingeniero separado de sus funciones”.
“Lo más penoso de todo esto es que él quiere trabajar. La gente tiene que saber que le están pagando un sueldo de profesional a una persona que quiere trabajar en lo suyo y que lo tienen mirando el techo”, razonó la letrada.
En la extensa sentencia, el magistrado concluye que la demanda iniciada por Poittevin “encuentra fundamento” en “el comportamiento ilícito del director del Departamento Agronómico” del banco, quien fue designado como presidente del tribunal del concurso del cargo de ingeniero agrónomo supervisor.
Según la resolución judicial, se le prohibió al funcionario realizar cursos de capacitación, concurrir a congresos internacionales y no se le asignaron tareas profesionales desde el 3 de febrero de 2005.
En el concurso los cargos se asignaron a otros funcionarios, pese a que él era el único que contaba con una de las especializaciones requeridas.
“Surgió fehacientemente acreditado que: se promovió la reestructura del Departamento Agronómico del BSE, disponiéndose la creación de tres cargos de ingeniero agrónomo supervisor en las áreas Agrícola-Ganadera, Forestal y Granjera”, señala la sentencia.
“Por resolución Nº 181/06 del 22 de febrero de 2006 se designó a dos funcionarios para ocupar los cargos de ingeniero agrónomo supervisor y a dos funcionarios para ocupar los cargos de ingeniero agrónomo. Ninguno de ellos contaba con la especialización Agrícola-Ganadera que sí tenía Poittevin”, agrega.
Todo eso supuso que “se dejara de lado la objetividad necesaria para el proceso de selección de los cargos”, subraya la sentencia.
En esa línea el magistrado concluye que se configura con claridad un caso de “acoso laboral” por parte del presidente del tribunal por el que el BSE debe responder en base a la responsabilidad del Estado establecida en el artículo 24 de la Constitución.
El juez cita jurisprudencia según la cual el concepto de “acoso laboral o mobbing proviene del campo de la psicología del trabajo” y define una serie de “comportamientos hostiles, vejatorios o de persecución psicológica realizados por colegas o por el empleador, dirigidos a marginar y aislar al sujeto en el ámbito del trabajo o provocar un despido o renuncia”.
En base a estos fundamentos el magistrado condena al banco a pagar $ 488.511 por el “daño material” producto de la retención injustificada de haberes salariales en el período enero-julio de 2007 y U$S 15.000 por “daño moral”. Luego hay una serie de rubros que el juez también obliga a pagar, pero que aún deben determinarse, como la “pérdida de la chance” de ganar un mejor salario o el “lucro cesante”.
