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    Juez cree que los fueros parlamentarios constituyen una “irritante desigualdad”

    En el marco de la condena a 14 funcionarios de OSE de la última administración colorada por casos de corrupción, el juez penal Carlos García Guariglia cuestionó con dureza los fueros parlamentarios de los que gozan los legisladores, los que a su juicio se utilizan en ocasiones para “impedir la persecución” jurisdiccional y constituyen una “irritante desigualdad en comparación a todos los demás justiciables”.

    Entre los ex jerarcas sentenciados se encuentra el ex vicepresidente de ese organismo Hugo Granucci, condenado a 24 meses de prisión como autor de “un delito continuado de fraude” y de “un delito continuado de abuso de funciones”.

    En su resolución el juez detalla el uso irregular que se hacía de los viáticos y de la publicidad oficial, la que se asignaba sin ningún criterio técnico.

    El magistrado define la corrupción como “el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal o el beneficio político personal” .

    Como consecuencia de la corrupción “el Estado se devalúa, el gobierno y la administración pública pierden credibilidad, se agudiza la crisis de legitimidad del sistema político, se perturban las instituciones democráticas”, advierte el magistrado.

    En ese marco, el juez defiende la figura del abuso de funciones, que ha sido cuestionada en los últimos años.

    “Este delito plenamente vigente —cuestionado por temerosos de las decisiones de jueces independientes— es una figura subsidiaria que incrimina la comisión de un acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares”, subraya.

    “Tampoco puede sostenerse que esta norma ha sido aplicada en forma abusiva”, añade.

    Algunas páginas más adelante, el magistrado se detiene a estudiar los fueros parlamentarios y realiza una polémica afirmación.

    A su juicio, en la actualidad “el último reducto en la lucha contra la corrupción es el Poder Judicial”. Ello porque “el Legislativo (en su máxima expresión: la Asamblea General) salvo casos excepcionalísimos, no trata o atiende las observaciones que continuamente le remite el Tribunal de Cuentas”.

    “Pero aún más, no solo no cumple con dicha tarea, sino que además, en ambas cámaras (Diputados/Senadores) se ponen trabas al accionar de la Justicia en el tema, haciendo pesar el privilegio constitucional del cargo (fueros) de sus integrantes cuando son llamados a responder por sus actos”, prosigue.

    Según afirma, esta postura “sirve a veces para demorar o entorpecer temporalmente el trámite normal de una causa determinada y otras veces, para impedir su prosecución, frustrando así la labor judicial”.

    “Consecuentemente, trae aparejado poner públicamente de manifiesto la irritante desigualdad existente en comparación a todos los demás justiciables”, concluye.

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