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A pedido del fiscal Juan Gómez, la jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos negó un pedido de excarcelación que formuló la defensa del ex gerente general de Pluna, Matías Campiani, y su socio Sebastián Hirsch, dijeron a Búsqueda fuentes cercanas al caso.
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Según las fuentes, el fiscal Gómez entendió que ambos ejecutivos han cumplido una escasa prisión preventiva en comparación con “la entidad objetiva” del delito cometido y que aún resta un “cúmulo importante de prueba por diligenciar”. Además —señalaron los informantes— la tipificación de estafa elegida por el fiscal puede ser modificada hasta que se produzca la acusación.
Campiani, Hirsch y Arturo Álvarez Demalde fueron procesados en diciembre de 2013 por la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos a pedido del fiscal Gómez por reiterados delitos de estafa por su participación en la quiebra de Pluna a través del control de Leadgate SA, que tenía el 75% de las acciones de la compañía aérea de bandera nacional.
Demalde recuperó la libertad ambulatoria a fines de abril, ya que a juicio del fiscal su participación en la maniobra era menor. Sin embargo, tanto Campiani como Hirsch permanecen recluidos en la cárcel del Campanero en Minas (Lavalleja). Se trata de una prisión de baja seguridad que se caracteriza por el buen comportamiento de los reclusos y las múltiples actividades que realizan, ya que la mayor parte de los presos en ese establecimiento estudian o trabajan, lo que les permite redimir pena. En el caso de Campiani, por ejemplo, el ejecutivo se ofreció a dar cursos de administración de empresas y gestión, entre otras materias de su conocimiento, según dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
Por el “caso Pluna” también fueron procesados, aunque sin prisión, el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y el ex titular del Banco República Fernando Calloia por “abuso de funciones”.
En la resolución de más de 30 páginas sobre Campiani y sus socios, la jueza De los Santos expresó que los ex ejecutivos montaron “una cadena de irregularidades, omisiones y estratagemas artificiosas en beneficio propio y en perjuicio del Estado uruguayo y de la sociedad en su conjunto” (Búsqueda Nº 1.745).
Investigaciones administrativas.
Mientras el proceso sigue en la Justicia, la Junta de Transparencia y Ética Pública sigue “a la espera de que la administración agilice también las investigaciones administrativas en el ‘caso Pluna”, dijo a Búsqueda su presidente, Luis Yarzábal.
En un informe que elaboró en mayo del 2013 y que fue enviado al presidente del Senado, Danilo Astori, ese organismo señaló las “posibles irregularidades” que identificó en el proceso.
La intervención de la Junta se dividió en observaciones a la época en que Pluna estaba asociada a Varig, por un lado, y por el otro al proceso que empezó con el cierre de Varig y terminó en julio del 2012.
El informe dice en sus conclusiones que en todo el período “las administraciones actuantes experimentaron grandes dificultades para controlar la gestión de las sociedades público/privadas conformadas por Pluna, pudiendo haber existido eventuales irregularidades en la gestión empresarial de los socios privados y omisiones de los representantes del Estado en la aplicación sistemática del principio de buena administración”.
Sobre la asociación con Varig, “afirmaciones realizadas y hechos señalados por los actores participantes en las sesiones parlamentarias implicarían, en caso de haber existido y no haberse utilizado oportunamente los mecanismos de control y oposición correspondientes por parte de jerarcas y órganos actuantes, contravenciones a los principios de administración financiera, eficacia, eficiencia y transparencia”.
En la asociación de Pluna con Leadgate, “la documentación examinada hace referencia a presuntas irregularidades que, de comprobarse debidamente, supondrían contravenciones” también a los principios “de concurrencia, legalidad, imparcialidad e interés público”.
“La comprobación, caracterización y tipificación de las eventuales contravenciones a las normas de conducta en la función pública por parte de funcionarios de las sociedades público/privadas conformadas por Pluna en el período analizado, requieren la puesta en marcha de los procedimientos administrativos correspondientes por parte de los jerarcas de los servicios u organismos”, dice el documento.