En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En una medida poco frecuente, la jueza civil de tercer turno Estela Jubette levantó la feria judicial y ordenó a los trabajadores que cesara un piquete que obstaculizaba la salida de camiones de la empresa Prosegur, sin siquiera diligenciar la acción de amparo que presentó la empresa contra la medida sindical.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Basada en información de prensa, la magistrada entendió que era notorio que el conflicto sindical no se originó en la violación de normas laborales por parte de la empresa, sino en un diferendo al interior del propio movimiento sindical, por lo que dispuso el cese de la medida y el uso de la fuerza pública si era necesario.
Fuentes del ámbito empresarial le otorgaron mucha relevancia a la resolución judicial, porque entienden que en este tipo de conflictos el paso del tiempo es clave para preservar la confianza en los clientes.
“La jueza demostró valentía para tomar una decisión de ese tipo”, señaló a Búsqueda un empresario del sector. “Por más que la acción de amparo sea de por sí un mecanismo ágil, si es notorio que hay derechos constitucionales en juego como el de propiedad y el de trabajo, no hay por qué esperar para restablecer la situación”.
Para tomar su decisión, la magistrada se basó en el artículo 138 del Código General del Proceso, que establece que “no requieren ser probados” aquellos hechos que son “notorios” o “evidentes”.
“La medida adoptada por los demandados, según expresiones de la demandada y de los hechos de notoriedad pública a través de distintos medios de prensa (radio FM 106.5, ‘El Observador’, Diario ‘El País’, ElEspectador.com, Subrayado) no tiene su fundamento en violación de normas de carácter laboral”.
La jueza subrayó que la medida sindical estaba afectando, no solo a la empresa en cuestión, sino también al conjunto de la población, en la medida que la imposibilidad de circulación de los camiones no permitía que se recargaran los cajeros automáticos.
En efecto, el piquete de los trabajadores se extendió por 10 días, durante los cuales salieron apenas un par de camiones del garaje de la empresa cargados de dinero, cuyo paso los funcionarios habilitaron como demostración de “buena voluntad” para negociar.
El diferendo no era con la compañía, sino que se trataba en gran medida de una puja a la interna del propio movimiento sindical para determinar de qué gremio eran los negociadores que concurrían a los Consejos de Salarios por la rama de Seguridad: del sindicato bancario o del que nuclea a los trabajadores de industria y comercio.
Con ese mar de fondo, la jueza dispuso el inmediato desalojo de los trabajadores, tanto de la planta de la empresa como de sus alrededores.
“Ordénese el desalojo y toda otra medida que impida la libre circulación de vehículos de la empresa Prosegur, (...) debiendo permitirse el normal desarrollo de la actividad de la empresa”, estampó la jueza en la resolución fechada el 23 de enero.
“Cométase a la señora alguacil de feria a notificar la presente resolución y a proceder al desalojo del referido lugar, autorizándola a utilizar el auxilio de la fuerza pública si la situación lo ameritare”, agregó.
Las ocupaciones de los lugares de trabajo se agudizaron como medida sindical cuando el Frente Amplio llegó al gobierno de 2005. A solicitud del entonces ministro del Interior, José Díaz, el Poder Ejecutivo derogó un decreto que facultaba a la Policía a desalojar los lugares ocupados por los trabajadores y esa medida sindical cobró fuerza. La central obrera PIT-CNT entiende que se trata de una “extensión” del derecho de huelga, en tanto las cámaras empresariales sostienen que implica una violación de los derechos constitucionales a la propiedad y al trabajo.
