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A pedido del fiscal de crimen organizado Juan Gómez, la jueza Adriana de los Santos dispuso varias medidas para investigar las denuncias de lavado de dinero en Uruguay de empresarios cercanos al gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner, y que fueron realizadas por el periodista Jorge Lanata, dijeron a Búsqueda fuentes cercanas al caso.
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Entre esas medidas, la magistrada dispuso que en los próximos días declaren los intermediarios que intervinieron en la compraventa del campo El Entrevero de la localidad de José Ignacio.
De acuerdo con las fuentes se dispuso la citación del propietario de la inmobiliaria que vendió el campo, Alejandro Perazzo, y del escribano que intervino en el negocio, Adolfo Pittaluga Shaw.
Hace algunas semanas, tanto el abogado de Perazzo, Jorge Barrera, como el abogado de Pittaluga, Amadeo Ottati, se presentaron por iniciativa propia ante la sede de crimen organizado de la calle Buenos Aires a manifestar que, debido la información de prensa que circulaba en esos días haciendo referencia al negocio, sus clientes estaban a disposición de la Justicia para declarar.
El diario “El Observador” informó el jueves 16 que Pérez Gadín, contador del empresario santacruceño Lázaro Báez —uno de los principales investigados en la red de lavado— es el propietario de la sociedad dueña del campo. Efectivamente el matutino uruguayo comprobó en registros que el dueño del campo El Entrevero, de 150 hectáreas, ubicadas entre José Ignacio y La Barra y con un costo de venta de U$S 14 millones, es una sociedad anónima llamada Jumey presidida por Pérez Gadín.
Adicionalmente, la Justicia de crimen organizado dispuso otra serie de medidas tendientes a investigar la denuncia presentada en el programa de Lanata y realizadas ante la sede en Uruguay por los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido.
Entre esas medidas, según confiaron a Búsqueda las fuentes, se libró un oficio al Ministerio de Defensa Nacional para que informe la existencia de presuntos vuelos privados que ingresaron al país sin el registro de migraciones. Lanata informó en el programa de televisión “Periodismo para Todos” que Báez y otros empresarios argentinos viajaron a Uruguay con bolsos llenos de dinero “negro” para depositar en el sistema financiero. El periodista argentino incluso afirmó en uno de sus programas que el vicepresidente de ese país, Amado Boudou, viajó a Carmelo en un vuelo privado que “no pasó por migraciones”.
“Fue en el día y volvió. ¿Raro, no? Salió con dos bolsos y no pasó por migraciones. Pregúntenselo”, insistió Lanata mirando a la cámara.
Por otra parte, la sede de crimen organizado también ofició a diversos organismos estatales, como la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, la Dirección Nacional de Aduanas, entre otros, para que informen sobre la actividad de las sociedades mencionadas en la denuncia de las diputadas argentinas y sus titulares.
Además de esta serie de medidas que se sustancian en el interior de Uruguay, la Justicia de crimen organizado pidió colaboración a la Justicia argentina para que le informe acerca de la investigación que se viene desarrollando en ese país. En particular la Justicia uruguaya quiere determinar cuál es el presunto delito precedente del lavado, porque de eso depende que la actividad también sea delito en Uruguay y si la sede de crimen organizado es competente para investigarla.
