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En un mes el Estado fue condenado dos veces a pagar indemnizaciones debido a los maltratos que sufrieron adolescentes que estaban presos por cometer delitos. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) ya apeló una de las sentencias.
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El organismo, en contacto con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), tiene decidido apelar todas las sentencias en las que se los obligue a pagar. Fuentes del Inisa dijeron a Búsqueda que se trabaja para tener una “adecuada y justa” defensa jurídica. Al mismo tiempo existe preocupación por las situaciones que generan los reclamos por la vía judicial.
En febrero, el juez Pablo Eguren del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de tercer turno condenó al Estado a pagar $ 224.000 a una madre y su hijo debido a los malos tratos que recibió cuando estuvo recluido en el hogar SER del Inisa (Búsqueda Nº 1.909).
A comienzos de marzo, Eguren emitió otra sentencia en la que condena al Estado a pagarle $ 240.000 por daño moral a una madre de un adolescente infractor. El adolescente también había sufrido malos tratos en el centro Ser, según el fallo al que accedió Búsqueda.
La denunciante afirmó que su hijo “fue sometido por un grupo de funcionarios a tratos crueles, inhumanos, degradantes”. Dijo que realizó varias denuncias y que la “situación empeoró” cuando se debió hospitalizar al menor de edad por una fractura en un brazo. El juez recordó que seis funcionarios “fueron procesados sin prisión por reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos”. Otro funcionario fue procesado con prisión por el mismo delito.
“De la prueba testimonial es importante rescatar la situación vivida por la madre del menor en cuanto a los apremios de los que eran objeto los internados en el Ser, y la angustia que esta padecía respecto a los malos tratos que recibía su menor hijo”, dijo el juez en la sentencia.
Eguren sostuvo que hay una “responsabilidad estatal por la actuación de los funcionarios”.
Apelación.
El INAU apeló el fallo de febrero y también recurrirá el de marzo. En la apelación, el INAU argumentó que no corresponde pagar debido a que el adolescente no compareció a la audiencia preliminar por lo que se lo dio por desistido del proceso. Señaló que los demandantes buscaron justificar la incomparecencia con documentación“ilegible”.
Agregó que en la demanda solo se plantearon los “montos pretendidos ($ 2.550.000) sin aportar la más mínima y elemental explicación de la causa o fundamento del reclamo, existiendo una narración imprecisa, confusa, de los hechos que entiende vulneran sus derechos”.
El INAU afirmó que de todos los testimonios que se adjuntaron en el expediente “no surge” que el adolescente haya “sufrido tratos crueles, degradantes e inhumanos por lo que es imposible determinar la existencia de un daño”. El INAU entendió que “no se determinó” la existencia de responsabilidad del Estado en los malos tratos que denunció sufrir el adolescente.
Respecto a la reparación a la madre por los problemas psicológicos que le ocasionó la situación, el INAU señaló en su apelación que el juez consideró “solamente un período de tiempo, sin reparar que la problemática” venía de antes de que se dieran los hechos denunciados.
