El juez letrado de lo Contencioso Administrativo de tercer turno Pablo Eguren rechazó una demanda de acoso laboral que una funcionaria del Congreso de Intendentes había iniciado contra el consejero Carlos Ángel Alegre y contra el propio organismo.
El juez letrado de lo Contencioso Administrativo de tercer turno Pablo Eguren rechazó una demanda de acoso laboral que una funcionaria del Congreso de Intendentes había iniciado contra el consejero Carlos Ángel Alegre y contra el propio organismo.
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El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa funcionaria había reclamado el pago de U$S 20.000 por concepto de daño moral, ya que dijo haber sido objeto de “hostigamiento” por parte de su jerarca, que —según denunció— le quitó tareas que eran propias de su trabajo, le hizo propuestas indecorosas y la insultó.
Sin embargo, en la sentencia emitida el 19 de febrero el juez Eguren considera que la mujer no acreditó ninguna de sus afirmaciones.
Más aún, el magistrado condenó a la funcionaria a pagar las “costas y costos” del juicio por entender que actuó con “malicia” y con “conciencia de su sinrazón”.
“Los testigos que declaran únicamente señalan que la forma de solicitud del señor Alegre no es la adecuada, realizando dicho trato para todos los funcionarios por igual, no presenciando agravio para con la actora”, subrayó el juez.
Señaló que a partir de 2007 era obligación portar uniforme, ya que se le brindó en forma gratuita al personal femenino, por lo que no hubo un acoso puntual a la demandante, como ella expresó.
“No se acredita que se haya realizado un comportamiento que le haya perjudicado en su carrera administrativa, ya que fue ascendida en 2008 pasando de la categoría de servicio a administrativa, un ascenso que le significó un aumento de salario”, sostuvo el magistrado en su resolución.
Otras situaciones relatadas por la funcionaria tampoco fueron probadas. Por ejemplo, dijo que se la obligó a trabajar en un pequeño escritorio contra un rincón. Eso fue producto —de acuerdo con el relevamiento del juez— de una remodelación de la oficina y la mujer volvió luego a su lugar de origen. El magistrado subraya también que la demandante no realizó nunca una acción por discriminación en la vía administrativa antes de acudir a la Justicia.