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La jueza de Crimen Organizado que investiga las denuncias por supuestas irregularidades en la gestión de Ancap, Beatriz Larrieu, resolvió que los jerarcas y funcionarios involucrados en los hechos sean citados como “indagados” y no como testigos.
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Según informó la magistrada a Búsqueda, la decisión no supone “prejuzgar” sobre los hechos o la responsabilidad de las personas vinculadas a ellos, sino que considera que de esta manera se les dan “mayores garantías” a las personas que puedan “eventualmente ser imputadas de un delito”.
Los primeros citados a declarar son tres jerarcas de Ancap que trabajan en el área de comunicación y relaciones institucionales de la empresa, informaron a Búsqueda fuentes del caso. También fueron citados dos titulares de empresas que forman parte de los hechos investigados. En estos días el Juzgado fijará la fecha en que deberán ir a declarar.
Si bien la fiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, había solicitado citarlos como testigos, ya que considera que en esta etapa no es posible determinar quiénes son los presuntos responsables, la jueza dispuso que fueran citados como indagados.
La Justicia investiga denuncias presentadas por los partidos de oposición a raíz de los hallazgos de una Comisión Investigadora que indagó las pérdidas millonarias de la estatal durante las últimas administraciones. Las denuncias se concentraron en hechos ocurridos durante la gestión del actual vicepresidente Raúl Sendic.
Determinar si una persona es testigo o indagado es de suma importancia para las “garantías del debido proceso” y para que haya un “efectivo derecho de la defensa”, dijo Larrieu. Esto es porque los indagados tienen derecho a acceder desde el inicio a las actuaciones de la Justicia para conocer los hechos sobre los que se los investiga, a contar con asesoramiento legal y tienen la posibilidad de presentar pruebas, explicó.
Además, a los testigos les rige la obligación de decir la verdad, mientras que los indagados tienen derecho a no declarar en su contra, por lo que pueden mentir para protegerse.
Por eso la jueza considera que, incluso si al inicio de la instrucción no surge claramente la calidad de indagado de una persona pero hay indicios de que pudo haber participado en un hecho presuntamente delictivo, corresponde que se lo cite como indagado para que pueda ejercer su derecho a la defensa.
Larrieu entiende que en cada hecho a investigar deberá analizarse quiénes tuvieron alguna participación de la cual pudiera surgir una “eventual responsabilidad penal”, y que esas personas deberán tener “calidad de indagados”. Eso incluye a Sendic y a todos los jerarcas que sean citados a declarar en la causa, indicó.
Las primeras citaciones solicitadas por la fiscal están relacionadas con la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, cuyo costo de U$S 372.000 fue cuestionado por la oposición, y denunciado en la Justicia. La agencia de publicidad La Diez se encargó de la organización del evento, para lo que contrató a la empresa Latin Design & Events.
Reserva.
Por otra parte, Larrieu no accedió al pedido de la fiscal de declarar el expediente reservado para los denunciantes y los indagados. Según explicó la jueza, de acuerdo al artículo 113 del Código del Proceso Penal, limitar el acceso de las partes al expediente es una “excepción” que debe estar basada en la “posible frustración de las medidas probatorias” que se dispongan, lo que no ocurre en este caso.
Por eso resolvió que debe permitirse el acceso de los indagados a las actuaciones de la Justicia, ello “sin perjuicio” de que más adelante puedan surgir medidas probatorias que requieran el carácter de reservadas para que no se frustren (como las escuchas telefónicas, por ejemplo), explicó la jueza.
