Del total de 442 artículos que componen el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, solo ocho refieren a la Fiscalía y el Poder Judicial. Esa presencia se distancia de las pretensiones de dos organismos que reclaman desde hace años por falta de recursos humanos y materiales para poder cumplir con sus cometidos, que, en paralelo, tienden a incrementarse y complejizarse con nuevas normas.
Fuentes de la Suprema Corte de Justicia dijeron a Búsqueda que fueron muy “medidos” en los pedidos de recursos económicos que hicieron. Los definieron como “mínimos imprescindibles”, y lamentaron que el Presupuesto no los haya contemplado. Uno de los artículos incluidos no tiene costo y otros dos refieren a “deudas anteriores”.
Uno de ellos incorpora la creación de 18 cargos de defensores de oficio, que por un “error de cálculo” del Ministerio de Economía en la pasada Rendición de Cuentas no se pudo completar. El otro artículo vinculado a adeudos destina presupuesto para el funcionamiento de 20 juzgados de paz. Estos recursos se habían prometido en 2021, cuando se dejó en suspenso la decisión de cerrarlos.
Las fuentes señalaron que el hecho de que no se contemplen sus solicitudes se agrava por un contexto de trabajo en el que la complejidad “aumentó”.
El presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales, Leonardo Méndez, dijo a Búsqueda que coinciden con las autoridades del Poder Judicial en que lo que se pidió fue “lo mínimo de lo mínimo”, y cuestionó que no se pretenda incrementar el presupuesto.
Para el representante del gremio de los jueces, la situación en la que están puede compararse con la crisis hídrica. “El Poder Judicial está igual que OSE con el agua. Estamos en un punto de no retorno y no entendemos por qué somos postergados”, afirmó. El presupuesto con el que cuentan, añadió, “lleva más de una década sin actualización”, a pesar de que hubo en ese período un incremento del trabajo por una “mayor conflictividad”.
“Es llamativo que no haya un rubro nuevo asignado, porque sin Poder Judicial estamos en el aire”, consideró.
El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, también definió los recursos asignados como “escasos”. Como aspectos positivos, resaltó la creación de dos fiscalías penales de Montevideo especializadas en Delitos Sexuales, así como la incorporación de cambios normativos que fueron propuestos. Aseguró que pedirá en el Parlamento mayores recursos y que tiene “esperanza” de obtenerlos, porque no piden “cosas imposibles”.
Entre prioridades pendientes está la reinstalación de una tercera Fiscalía de Adolescentes y el aumento de recursos para las fiscalías de Homicidios de Montevideo. Esto último busca “acompasar” esas sedes a las futuras necesidades que habrá con la creación de un departamento especializado en ese delito dentro del Ministerio del Interior.
Gómez aseguró que también reclamará la creación de una sede de cárceles, que se encargue exclusivamente de investigar y otras de ejecución, que tendrían como cometido controlar el cumplimiento de las penas y sentencias, con el objetivo de disminuir la “carga” a las fiscalías de Flagrancia. También consideró necesario que se incorporen nuevas fiscalías en el interior del país, en zonas donde aumentaron los delitos, como Paso de los Toros, el Chuy y Toledo.
Otras de las razones por las que pedirá mayores recursos será el mantenimiento del sistema informático, algo que consideró “absolutamente imprescindible”, así como una mejora de las remuneraciones de los fiscales que están establecidas por ley. De lo contrario, advirtió sobre la posibilidad de que funcionarios inicien juicios “respaldados” por la legislación vigente, lo que parece “innecesario, inapropiado e injusto”.
El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, planteó a Búsqueda que hay “un montón de trabajo para realizar”, pero recursos “insuficientes” para lograrlo, y consideró un “contrasentido” que “quienes tienen la posibilidad de robustecer la estructura no lo hagan” y luego “salgan al cruce de fiscales y la Fiscalía”.
Más leyes, mismo presupuesto.
El cuestionamiento al Parlamento por promover reformas procesales sin prever recursos humanos y materiales es una preocupación compartida por la Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Magistrados Fiscales, la de Magistrados y la de Defensores de Oficio.
El presidente de la Asociación de Magistrados también cuestionó que el Poder Legislativo continúe creando “instrumentos legales” y luego no asignen los recursos necesarios. Hizo referencia a la ley de “corresponsabilidad de la crianza”, que fue aprobada el 29 de mayo, y transforma a los jueces en quienes deben resolver sobre la tenencia de los niños, niñas y adolescentes, en casos de separaciones.
“Es imposible cumplir hoy por hoy, como sucede con la ley de género”, aseguró.
Méndez advirtió que no es posible resolver en 120 días, “bajo la más estricta responsabilidad”, con informes técnicos de asistentes sociales y psicólogos que “no se van a tener”, porque faltan los recursos humanos necesarios.
Desde el gremio de defensores de oficio ven con “preocupación” que el proyecto de Rendición de Cuentas no asigne mayor presupuesto al Poder Judicial, porque “se sigue dejando de lado a un poder del Estado”. La presidenta de la asociación, Yamila Cabrera, dijo a Búsqueda que una consecuencia será que se mantenga la “precarización” del acceso a la Justicia, ya que “afecta gravemente” el servicio de la defensa pública, que mantendrá “grandes carencias”.
Para revertir esa situación, los defensores públicos habían reclamado al Poder Judicial la necesidad de crear 68 cargos de titulares en el interior y 57 en la capital, porque entienden que es una “necesidad impostergable” para cumplir “mínimamente” con la asistencia, sobre todo en materias “sensibles” como familia y familia especializada, además de casi la totalidad de los casos penales, entre homicidios, rapiñas, hurtos, receptación y narcotráfico.
Durante 2021, los 272 defensores públicos asistieron a 236.368 audiencias, atendieron a 306.335 personas y presentaron 119.832 escritos.
Junto con el gremio de jueces, pidieron a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia que se creen cargos suplentes, así como la posibilidad de extender la licencia por maternidad. Ambos puntos fueron incluidos en el mensaje que fue enviado al gobierno, pero no fueron contemplados en el proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento.
El presidente de la Asociación de Magistrados señaló que entre las reivindicaciones que realizaron, lo más “oneroso” es la readecuación salarial de los jueces y que en ese sentido están “dispuestos a esperar” y “relegar” sus bolsillos para “plantear lo urgente”.
