Jutep avanza en el proyecto sobre corrupción privada, mientras Uruguay es visto como transparente por empresarios

La Jutep trabajó con la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General y la Secretaría Nacional para el Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el articulado. El proceso liderado por la junta comenzó hace más de dos años, cuando el organismo, entonces presidido por Susana Signorino, contrató el asesoramiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).

En Chile y Uruguay, cerca de la mitad de los encuestados dijo que la corrupción “no es un obstáculo importante” cuando le preguntaron “cómo calificaría la corrupción en los países donde tiene experiencia empresarial”.

En la otra punta están Venezuela, Bolivia, Honduras y Argentina, considerados por los empresarios como los más corruptos. En Argentina, el 67% de los encuestados opinó que “tiene una corrupción significativa”, un crecimiento de siete puntos en comparación con 2020.

La edición de este año muestra un declive particular de la mirada empresarial sobre Brasil, lo que de manera indirecta mejora la posición de Uruguay en algunas áreas. El informe elaborado por Miller & Chevalier dice “que cuando se le preguntó qué países liderarán el camino en los próximos tres años en la aplicación de sus leyes anticorrupción, Uruguay ha superado a Brasil como el tercer país clasificado (detrás de Estados Unidos y Chile). En 2020, el 29% de los encuestados seleccionó a Brasil como uno de los principales ejecutores regionales; este año, esa cifra ha caído al 16%”. El documento agrega: “Este resultado es particularmente revelador ya que Uruguay no ha sido necesariamente un país con acciones de cumplimiento importantes a destacar en los últimos cuatro años”.

Carla Arellano, de Ferrere Abogados, el bufete que trabajó en el desarrollo de la encuesta en Uruguay, dijo a Búsqueda que el estudio “indica que en aquellos países en los que hay una normativa específica que regula la corrupción en el sector privado, en donde a las empresas se las estimula a tener programas de cumplimiento, aumentan los niveles de percepción de transparencia”.

Pese a los buenos resultados en las encuestas e indicadores, internacionales, Arellano sostuvo que sería importante que Uruguay tipificara el delito de corrupción privada.

“Uruguay registró puntajes por encima de la media regional en materia de madurez en la aplicación del programa Compliance, destacándose que el 82% tiene políticas anticorrupción, el 80% cuenta con políticas de debida diligencia para terceros, el 76% implementa mecanismos de denuncia anónimos y el 75% aplica cláusulas contractuales sobre anticorrupción y tiene procedimientos para donaciones”, explicó. “Cuánto mejor podría ir si tuviésemos reglas que abarcaran al sistema, con beneficios para quienes la aplican. El efecto sería continuar mejorando la transparencia y también la ubicación en los rankings internacionales”.

Aduanas, policía y municipios

Los empresarios encuestados debieron dar su percepción sobre la corrupción en diversas instituciones. A escala global, las aduanas fueron las que se llevaron la peor nota.

“Aproximadamente la mitad de los encuestados considera que las aduanas (52%), las empresas estatales (50%) y el poder judicial (49%) son significativamente corruptos, mientras que los servicios de fiscalía y los investigadores son vistos como un poco menos corruptos (41%)”, dice el estudio.

Al poner el foco en Uruguay, los datos presentan matices. Aduanas, al igual que en las ediciones pasadas y que en los otros países, encabeza la lista. Es percibida por más del 30% de los empresarios uruguayos como una institución con “corrupción significativa”. En segundo lugar de esa tabla quedaron los gobiernos locales y tercera, la Policía.