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En 2015 la directora general de Secretaría de la Junta Departamental de Paysandú tuvo que pedir licencia por enfermedad. Para ocupar ese cargo en forma interina, el entonces presidente del organismo contrató a otra funcionaria. Pero, según una denuncia que recibió el año pasado la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), en 2009 la trabajadora designada había tenido dos suspensiones por manejos irregulares de bienes y fondos.
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La Jutep emitió un informe el 29 de agosto que concluye que la “permanencia” de la directora general de Secretaría en su cargo constituye una “violación” del “Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Paysandú, por lo que se considera necesario que se la releve” del cargo que ocupa desde 2015.
En 2009, a la directora interina se le habían instruido dos sumarios administrativos. El primero fue en abril cuando se le aplicó una sanción de 15 días sin goce de sueldo por usar fotocopiadoras, sistemas informáticos y telefonía de la Junta Departamental para asuntos personales. Además realizó salidas sin registro ni aviso a las autoridades, permitió el ingreso de personas extrañas y mantuvo una “deficiente relación con los funcionarios de su sector, que incidió en un debilitamiento del respeto jerárquico”, detalla el informe de la Jutep.
El segundo sumario se inició en junio de 2009 y dispuso la suspensión de la funcionaria por 60 días sin goce de sueldo, tras haberse probado que usó para beneficio propio $ 4.000 de la caja del Área Financiero-Contable, donde realizaba funciones como subrogante.
La contratación de la directora interina, según la Jutep, violó el artículo 108 del Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Paysandú, que prevé que “los funcionarios que registren sanciones de suspensión como consecuencia de su responsabilidad comprobada en el ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia financiera, de adquisiciones, de gestión de inventarios o al manejo de bienes o dinero, no podrán prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades”.
La Jutep decidió publicar su resolución el martes 11, después de constatar que la Junta Departamental decidió mantener a la funcionaria denunciada en su cargo.
A su vez, remitió su dictamen a la Oficina Nacional del Servicio Civil para que adopte las resoluciones que considere pertinentes.
Es que el presidente de la junta, Ricardo Ambroa, envió una carta a la Jutep el 10 de julio en la que informó que compartía los “asesoramientos jurídicos” que había recibido, según los cuales no era “legalmente necesario” destituir a la secretaria general.