“Quédense en sus casas”, imploran las autoridades del gobierno mientras intentan convencer a la población de que la única forma de contener el contagio del coronavirus es evitando el contacto social. Es que recluirse en los hogares y evitar el contacto con otras personas es el camino más seguro para protegerse del virus. Sin embargo, el hogar no es un sitio seguro para todos.
Obedecer los lineamientos de las autoridades sanitarias puede implicar un riesgo alto para las mujeres y niños que sufren violencia doméstica. Estar encerrado en un entorno violento, enfrentando la tensión de la pérdida de empleos y con menos posibilidades de pedir ayuda —al no contar con espacios como la escuela, el trabajo, o encuentros con familiares y amigos— solo agravará las agresiones, advierten jerarcas, especialistas y operadores judiciales.
La preocupación por esta situación llevó a la directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social, Mónica Bottero, a convocar el martes 24 a un Consejo Consultivo, integrado por diversos organismos estatales y representantes de la sociedad civil, para evaluar medidas de apoyo.
Mientras tanto, los juzgados de familia especializados —que son los que toman medidas urgentes de protección ante casos que afectan los derechos de menores de edad o de violencia doméstica— resolvieron prorrogar hasta nuevo aviso todas las medidas cautelares que estén en curso. Según explicó a Búsqueda la jueza Roberta Licciardi, el objetivo es evitar que el régimen excepcional de feria en el que se encuentra la Justicia, debido a la emergencia sanitaria, deje a las víctimas desprotegidas si las medidas de protección vencen.
Las órdenes de alejamiento o las tobilleras electrónicas para evitar el contacto de un agresor con la víctima se disponen por un tiempo determinado, tras lo cual son evaluadas en audiencia y se resuelve si continuarlas o no. Pero, debido a que las audiencias se han reducido al mínimo y solo se atienden casos urgentes, se podía correr el riesgo de que las medidas vencieran.
“Dimos la orden de que no se puede desconectar ningún dispositivo electrónico”, dijo Licciardi. La decisión la tomaron el pasado viernes 20 todas las sedes que trabajan en la materia y así lo comunicaron a la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe), que depende del Ministerio del Interior. Además, informaron a todas las seccionales de la Policía que las medidas de protección “permanecen vigentes hasta que haya una nueva resolución”, indicó la magistrada.
“Como jueces de Familia Especializado somos muy conscientes del rol que cumplimos en la protección de niños en riesgo y mujeres víctimas de violencia doméstica. Es una emergencia, pero no debería quedar ninguna víctima sin atender o sin protección”, afirmó.
La prórroga de las medidas cautelares de protección fue, precisamente, una de las acciones que las organizaciones feministas nucleadas en la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual reclamaron durante el encuentro del Consejo Consultivo el martes, y pidieron que se traslade la inquietud a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La presidenta de la SCJ, Bernadette Minvielle, dijo a Búsqueda que la Corte tomó conocimiento del planteo. En ese sentido, informó que, más allá de las decisiones ya adoptadas por cada sede, ayer miércoles 25 la Corte aprobó una resolución con carácter general, y en especial para Familia Especializado, con el cometido de que los jueces “revisen todas las medidas de urgencia que pueden estar venciendo y que procedan como corresponde”. También indicó que, si bien se está trabajando con un sistema de guardias, todos los jueces “deben estar a la orden”, y ante “las medidas de urgencia que se planteen en sus juzgados tienen el deber de actuar”, afirmó.
Menos denuncias, más peligro
“Las mujeres están más expuestas que los hombres en esta situación de emergencia”, dijo Bottero a Búsqueda. Por un lado, porque se ven sobrecargadas con el trabajo doméstico, que suele estar a su cargo, al igual que las tareas de cuidados de los niños y adultos mayores. Pero además, cuando hay situaciones de violencia, las medidas por la emergencia sanitaria implican “un riesgo extra para su seguridad”.
“Hay una convivencia mucho más prolongada y se reducen las posibilidades de pedir ayuda”, explicó.
La línea de apoyo de Inmujeres (0800 4141), de hecho, recibió menos denuncias la semana posterior al anuncio de los primeros casos de coronavirus, cuando se empezaron a implementar medidas de aislamiento social. De un promedio de 38 llamadas diarias bajó a un número que rondó entre 30 y 35.
Algo similar ocurrió con las denuncias que recibe la Policía. Según datos del Ministerio del Interior brindados a Búsqueda, entre el 9 y el 22 de marzo de este año se recibieron 1.557 denuncias por violencia doméstica, 7% menos que las recibidas en el mismo período en 2019 (1.682). Sin embargo, si se comparan las semanas previas a la llegada del coronavirus, ocurre lo inverso. Entre el 24 de febrero y el 8 de marzo de 2020, hubo 1.668 denuncias, 9% más que en el año anterior (1.554).
También los servicios de atención de Comuna Mujer, de la Intendencia de Montevideo, que estos días funcionan en régimen de guardia, recibieron menos consultas en las últimas semanas, informó la directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, Solana Quesada.
“Esto nos preocupa”, dijo Bottero. La interpretación es que la baja en las denuncias se debe a que la convivencia prolongada deja a las mujeres con menos oportunidad de denunciar.
“Es muy difícil pedir ayuda con tu agresor al lado”, señaló Quesada. “El mensaje sanitario de ‘quédate en tu casa’ es un mensaje muy contradictorio si tu casa no es un lugar seguro”, añadió. “No queremos que la emergencia sanitaria se convierta en un riesgo para las mujeres”.
“En otros países están observando que en la tercera y cuarta semana de convivencia intensa es cuando se empieza a ver el aumento de situaciones de violencia”, dijo la directora de Inmujeres. “Estamos entrando a la segunda semana y por eso queremos tomar medidas que puedan ayudar a responder mejor. Porque pensamos que va a aumentar”, afirmó.
Algunas de las acciones que su oficina evalúa tomar son realizar campañas masivas de comunicación que informen sobre las líneas de apoyo y la aplicación 911 y que también concienticen a la población para que denuncie si escucha u observa situaciones de violencia.
Por otra parte, se reforzará la capacidad para dar refugio a mujeres víctimas de violencia. “Pensamos pedir ayuda a gimnasios, por ejemplo, como medidas transitorias”, indicó Bottero.
“Es una situación preocupante. Ya lo de los femicidios era preocupante —en marzo hubo cuatro en tan solo 10 días— y ahora con el coronavirus se suma un factor de riesgo, por la mayor vulnerabilidad y el mayor control del agresor”, comentó la encargada de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, Mariela Solari. La unidad también está trabajando con guardias y dispone de una línea telefónica (091 507 531) que funciona las 24 horas todos los días de la semana para brindar información.
“Es una bomba de tiempo que va a explotar en algún momento”, advirtió la representante de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Teresa Herrera. “Las situaciones crónicas se van a agudizar. Y las latentes se van a despertar”.
La Red publicó ayer miércoles un comunicado que propone acciones “para afrontar las situaciones de violencia en el hogar durante la pandemia”. Herrera dijo que están pidiendo “medidas muy concretas”. Por ejemplo, aprovechar la tecnología disponible y colocar un botón de pánico en las ceibalitas, para que niños y adolescentes puedan alertar de situaciones de violencia.
