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Terminal Cuenca del Plata (TCP) —cuyo accionista mayoritario es el grupo belga Katoen Natie— reclamó a la Administración Nacional de Puertos (ANP) que deje de otorgar “irregularmente” ventajas y permisos a su principal competidor, Montecon, que opera en los muelles públicos.
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La queja de la empresa especializada en la logística y distribución de contendores fue realizada mediante una carta fechada el jueves 8. Es un nuevo episodio de enfrentamiento entre la ANP —que es socia en TCP con el 20% de las acciones— y dos de los principales actores privados que prestan servicios en la terminal portuaria montevideana.
En su carta TCP recuerda que ya ha realizado en “varias oportunidades” denuncias referidas a la “aplicación irregular de la normativa vigente en materia de utilización de los espacios públicos del puerto de Montevideo por parte de privados, así como en la asignación de los atraques en los muelles públicos”.
El “principal problema” del puerto es que la ANP “no se enfoca en las necesidades que tiene la carga de trasbordo, que es concentrarla en un solo punto de embarque y desembarque”, señalaron a Búsqueda fuentes de TCP. Agregaron que para lograrlo “bastaría con cumplir las normas ya establecidas”. En cambio, advirtieron que la administración “se esfuerza por mantener un status quo que termina haciéndole daño al puerto y es contrario a la reglamentación vigente”.
Competencia
En la misiva TCP afirma que la actuación de la ANP es “violatoria de normas nacionales e internacionales” y afecta los “derechos sociales de Nelsury S.A. y la protección internacionalmente acordada a la inversión de Katoen Natie en Uruguay”.
Entiende que se está poniendo a TCP en una “situación de inferioridad” que no se condice con las condiciones establecidas por el Estado en 2001 al otorgar la concesión a la terminal hasta 2031.
Para TCP, su negocio enfrenta una “irregular competencia” en las áreas públicas del puerto porque la administración permite “mediante diversos mecanismos la instalación de una terminal de contenedores de hecho y fuera del derecho”, al otorgar “ventajas y permisos a Montecon”.
Reclama a la ANP el “apego cabal” e inmediato al reglamento de operaciones contenido en el decreto 183 de 1994, en lo que refiere al artículo Nº 72. Allí se establece que “todos los barcos de contenedores tienen que ser decretados (asignados) prioritariamente en la terminal especializada de contenedores” y otorgar a su vez la prioridad de atraque en la terminal. La norma dispone que en los muelles de carga general, la operación de contenedores “será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas (…)”. Y apunta que en los muelles a cargo de la administración portuaria no se permitirá la operación directa de contenedores a embarcar o desembarcar salvo que, por su carga, resulte obligatorio.
TCP acusa a la ANP de haber hecho “caso omiso” a la obligación que “la norma impone desde el inicio de la concesión”, a pesar de sus “reiteradas solicitudes”. El incumplimiento del artículo Nº 72 ya había sido denunciado por la empresa en 2015, por ejemplo.
En el último párrafo de su carta, TCP advirtió que sin perjuicio de la solicitud deja “expresa reserva del reclamo que se deducirá por los daños ya causados, los cuales son objeto de avaluación”.
Búsqueda consultó a la ANP sobre el planteo, pero el organismo se excusó de contestar señalando que el tema no ha sido tratado por su directorio.
