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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio plazo hasta el 30 de setiembre al gobierno para que responda a una denuncia de la familia Rupenian contra el Estado uruguayo, en la que lo acusa de haber violado sus derechos humanos.
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La familia Rupenian fue sometida a procesos administrativos y judiciales durante el gobierno de Tabaré Vázquez, imputada de defraudación tributaria. Los hermanos Aram y Berch Rupenian fueron procesados con prisión y el Poder Ejecutivo retiró los permisos para operar las cuatro emisoras que poseían: Concierto FM y Radio Independencia (Montevideo) y Concierto Punta FM y Radio Uno FM (Maldonado).
En octubre de 2010, los hermanos Rupenian y su madre, María Meyber Bichakdjian, presentaron una demanda contra el Estado uruguayo ante la CIDH. Argumentaron que el Estado violó sus derechos a “la libertad de expresión y de prensa”, a “la integridad personal”, a “la igualdad ante la ley”, a “la no discriminación”, a “la libertad individual”, a la “propiedad”, al “trabajo”, a “la honra y reputación” y a un “proceso regular”.
La CIDH dio entrada a la petición y fijó un plazo que finaliza el último día de setiembre para que el gobierno de Uruguay “presente sus observaciones”. La CIDH aclaró que la solicitud de información “no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”.
La CIDH manifestó asimismo su voluntad de ponerse a disposición de los Rupenian y del Estado para “llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables”.
En la denuncia, firmada por el abogado Germán Aller, la familia Rupenian dijo que el Estado uruguayo actuó de un modo “abusivo” contra sus intereses y reclamó el reintegro de las cuatro radios, la cancelación de multas y recargos que les fueron aplicados, la revisión de los tributos y una “reparación” por “el daño causado”.
Los Rupenian acusaron al gobierno de Vázquez de haberles quitado sus emisoras “por razones de orden político y de persecución” en su contra el 9 de julio de 2007.
En agosto de 2004, la Dirección General Impositiva (DGI), entonces orientada por Eduardo Zaidensztat, multó a los Rupenian por haber defraudado tributos a raíz del no pago de IVA e IRIC. Las sanciones impositivas fueron rechazadas por los involucrados, pero el Poder Ejecutivo las confirmó. Luego, el procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo concluyó que, si bien hubo una infracción administrativa, correspondía la nulidad parcial de la resolución de la DGI. Pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó, por unanimidad, la decisión del Ejecutivo.
Los hermanos Rupenian y su madre fueron denunciados ante la Justicia penal por la DGI por el delito de “defraudación tributaria”. Aram —quien falleció en mayo de 2013— y Berch Rupenian fueron sentenciados a una condena de prisión en mayo de 2010, aunque negaron haber cometido algún tipo de “fraude”, “engaño” o “dolo”. Permanecieron en la cárcel durante 148 días, de los cuales 30 transcurrieron en el Comcar. La sentencia de primera instancia fue confirmada por un Tribunal de Apelaciones.
