La Constitución y los pactos internacionales (II)

Concluye con todo ello —de acuerdo también a estudios previos hechos por él y que “están publicados desde mucho antes del caso actual que ha traído al tapete este tema”—, que “las normas del Derecho Internacional originadas en los tratados y la costumbre, en el régimen jurídico de nuestra Constitución están por encima de la ley y el resto del ordenamiento jurídico, pero por debajo de la Constitución” y que por ende, cuando hubiera discordancias entre lo dispuesto en una esfera jurídica y otra, la primacía sería “propia de la norma constitucional” y se debería “estar a lo que ella dispone”.

Mi objeción a este corolario surge meramente de asumir que si una comunidad confiere a determinado individuo facultades para comprometer de cierta manera el interés general ante un tercero, cuando ese interés general se viese afectado negativamente por alguna circunstancia los miembros de la colectividad no podrían sustraerse válidamente a ninguna obligación contraída en su nombre por ese representante legítimo, aduciendo contradicciones entre sus verdaderos deseos o las normas internas de la sociedad constituida por ellos y lo exigible por aquello que hubiera suscrito su delegado…; menos razonable aún sería que los poderdantes pretendieran desconocer su deber alegando que lo resuelto en el marco de la organización que integran está por encima de todo convenio con terceros…; el más elemental sentido común parece indicar que si el conflicto superviniente fuese atribuible a una conducta censurable del apoderado —bien por haber excedido las atribuciones otorgadas a él o por haber actuado en forma negligente, con ineptitud o de mala fe— sus mandantes podrían y deberían llamarlo a responsabilidad…, pero doy por cierto que si éste hubiese procedido en forma irreprochable y ateniéndose a las prerrogativas delegadas, ningún tribunal admitiría que la corporación incumpliera lo que hubiera quedado estipulado por su intermedio…