La DGI crea una Unidad de Investigación de Personas Físicas

El documento, del viernes 15, lleva la firma del director general de Rentas, Joaquín Serra, y del ministro de Economía, Danilo Astori. Como antecedente, indica que los compromisos de gestión anteriores (el primero para 2005-2006) dieron “resultados muy positivos en las distintas dimensiones del desempeño”, por lo que “corresponde continuar con la utilización de este instrumento”.

Evasión y fiscalización.

Otro objetivo estampado en el documento firmado entre la DGI y el MEF es “combatir el fraude y el incumplimiento fiscal” disponiendo para ello de mayor cantidad de información. Los niveles de evasión fueron cayendo en los años recientes (especialmente de IVA, pero siguen relativamente altos en el caso del impuesto a la renta de ciertos sectores empresariales); en momentos más complicados de la economía, como ahora, la propensión a no pagar tiende a aumentar.

Las metas para el año son varias, como incrementar 30% la proporción de Comprobantes Fiscales Electrónicos autorizados y efectuar un mínimo de 8.468 inspecciones (la misma cantidad que en 2015), incluyendo al menos 101 auditorías a contribuyentes con ventas anuales superiores a $ 50 millones y tres coordinadas con el Banco de Previsión Social. Además, los inspectores de la Impositiva tendrán que hacer un mínimo de 89.400 actuaciones “extensivas” (30.000 en el interior) y al menos 44 controles “intensivos” a grandes empresas, de los cuales cinco o más deberán ser con análisis de precios de transferencia.

Una meta adicional es poner en funcionamiento la Unidad de Investigación de Personas Físicas, con competencia en el control de impuestos a las rentas y al patrimonio (IRPF, IASS, IRNR e IP) de “altos ingresos”. Esta nueva área recopilará, evaluará datos de diversas fuentes (colegios, salas de fiestas, etc.) y hará análisis de matrices de riesgos, con un mínimo de 40 casos antes de que termine 2016.

Analizar los requerimientos internos en la DGI para poder cumplir con el intercambio automático de información bancaria y financiera con las administraciones tributarias de otros países —a lo cual el gobierno se comprometió para 2018— es otra de las metas para el año. En ese sentido, el Poder Ejecutivo mandó la semana pasada al Parlamento un proyecto que obliga a los bancos a pasarle anualmente a la Impositiva los saldos e intereses de las cuentas de personas físicas (también los uruguayos, no solo los extranjeros radicados aquí) o sociedades. De aprobarse esa ley, dicha información será manejada por la nueva Unidad de Investigación, ya que solo abarcará a individuos con depósitos relativamente abultados. También quedarán exceptuadas de la obligación las cuentas utilizadas para el pago de sueldos, informó la semana pasada el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, citado por “El Observador”.

Fortalecimiento.

Con el objetivo de “fortalecer y modernizar la DGI incrementando la eficiencia y eficacia de su gestión”, en el documento figura la meta de aplicar este año un “sistema que permita la georreferenciación de los domicilios de los contribuyentes”. Eso debería posibilitar “gestionar y utilizar una base de datos especial de todo el Uruguay”, así como contar con “geocodificadores de direcciones probadas sobre la cartografía anterior de todo el país”. La intención con esto es poder verificar los datos de calles y numeración aportada por las personas o empresas, a los efectos de la comunicación con ellos, así como con fines de planificación y análisis de las actuaciones de la DGI, informó a Búsqueda el director Serra.

Además, antes de diciembre la oficina recaudadora deberá ejecutar la primera fase de un proyecto para implementar la “Cuenta Corriente Tributaria”.

Esa acción supone eliminar los pagos a cuenta caducos, la inhabilitación de la generación de pagos a cuenta originados en declaraciones de impuestos por más de $ 50.000 y el análisis de la sustitución del Sistema de Recaudación en Tiempo Real.

Serra explicó que la idea es, a futuro, que cada contribuyente —personas y empresas— disponga de su propia “Cuenta Corriente Tributaria” como una forma de mejorar el control en el pago de impuestos.

Otro objetivo para el año es fortalecer las “capacidades institucionales” de la DGI mediante un plan de incorporaciones, retiros y reasignaciones internas de personal para mejorar la eficiencia” interna, “atendiendo especialmente las restricciones presupuestales”. El director de Rentas afirmó que para los próximos años se espera un “número importante” de jubilaciones de funcionarios y la supresión de vacantes, lo que coincidirá con nuevos “desafíos” para el organismo, como el posible pasaje en 2018 del cobro del Impuesto de Primaria, los compromisos de intercambio automático de información con otros países y la identificación del beneficiario final de las sociedades. Ante todo esto, dijo, la intención es “tener un plan”.

Como contrapartida en el acuerdo de gestión para el año, Economía se compromete a garantizar los recursos presupuestales para el pago de las compensaciones por dedicación exclusiva y las primas por desem­peño al personal de la Impositiva.

Una comisión, integrada por representantes de ambas partes, se reunirá al menos una vez cada mes con el objetivo de dar seguimiento a los avances de cumplimiento de las diferentes metas.