Apoyada cada vez más en la información que recolecta, un aumento “importante” de las actuaciones de vigilancia del pago de personas y empresas —para llegar a las 83.000— es una de las acciones planificadas por la Dirección General Impositiva (DGI) buscando este año cobrar más tributos que en 2014, si bien el objetivo de recaudación en discusión con el Ministerio de Economía (MEF) será más acorde con una economía que se viene enlenteciendo.
“Hasta en la peor hipótesis, estamos muy bien preparados para garantizar que la recaudación va a seguir creciendo en términos constantes, que es nuestro compromiso con el país: poder seguir asegurando los recursos necesarios para financiar sus diferentes políticas públicas”, declaró a Búsqueda Joaquín Serra, el titular de la DGI.
Serra —un sociólogo que entró al organismo en 2002 para trabajar en temas de recursos humanos y pasó a ocupar el máximo cargo en el final del anterior gobierno— viene discutiendo junto con su equipo y las autoridades del MEF el compromiso de gestión para 2015. La Impositiva es responsable de obtener casi 85% de los ingresos totales de la administración central; la meta de incremento de la recaudación para el año aún se encuentra en discusión, aunque volverá a ser “exigente”, apuntó el jerarca.
El contexto es algo más complejo que en el pasado reciente. Con una economía que se desacelera, el consumo, los ingresos de las personas, la rentabilidad de las empresas sigue creciendo pero menos que antes, lo que tarde o temprano se refleja en la cobranza de impuestos.
Hasta ahora ello no se vio de forma marcada. En el primer trimestre y comparado con un año atrás, la DGI recaudó 2,1% más descontando el efecto de la inflación (variación real). Según Serra, tampoco se está notando un aumento de la morosidad ni en los pedidos de refinanciación de adeudos.
“Algún dato primario de meses más recientes muestra que la recaudación sigue creciendo en términos constantes. Quizás la tasa de aumento que estamos teniendo es menor que en el pasado, pero en términos generales acompasa la evolución de la economía”, puntualizó. Y reafirmó: “Vamos a poder seguir asegurando un crecimiento real de la recaudación, aunque más moderado, acorde con la evolución de la economía”.
Acerca del momento económico, el jerarca comentó: “Los manuales dicen que en contextos de crisis los contribuyentes tienden a incumplir. Acá no estamos en crisis, estamos en una desaceleración del crecimiento. Va a seguir habiendo crecimiento. Nadie está planteando que la economía uruguaya vaya a dejar de crecer; lo hará a tasas menores. Y la recaudación también va a crecer, posiblemente a tasas menores”.
El plan anual
Otros aspectos del compromiso de gestión que negocian el MEF y la DGI ya están acordados: se trata básicamente de metas y un plan de acción orientados a lograr una mayor eficiencia recaudatoria que ayude a lograr el porcentaje de incremento de los ingresos que finalmente se defina.
El convenio que se firmará a la brevedad incluirá, por un lado, acciones que faciliten el pago de impuestos a los contribuyentes. “El modelo que está detrás es que la enorme mayoría de los contribuyentes es proclive a cumplir y paga los impuestos. Lo que se trata para este grupo es facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones”, señaló Serra.
Entre otras medidas previstas para este año, la DGI planea que los certificados de crédito electrónicos puedan ser utilizados para abonar obligaciones con el Banco de Previsión Social, habilitar el pago de tributos mediante dispositivos móviles y, como experiencia piloto, dar la opción a las personas de cobrar la devolución del Impueso a las Rentas de las Personas Físicas y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social a través de cuentas bancarias (que hoy se hace por medio de redes de cobranza).
Hay otro grupo de contribuyentes que, en principio, está dispuesto a cumplir, pero puede verse tentado a incumplir si percibe debilidad en los controles. El resto, un número pequeño, tiene propensión a evadir. “En este caso el tratamiento es identificarlos, inspeccionarlos y aplicar la ley con la máxima rigurosidad, ya sea reliquidando impuestos, estableciendo multas y recargos, y si fuera el caso, haciendo la denuncia por defraudación”, apuntó el jerarca.
Para estos sectores el compromiso de gestión pone énfasis en acciones de combate a la evasión y la defraudación.
Durante 2015 la DGI deberá realizar 83.000 actuaciones de vigilancia del pago de personas físicas y jurídicas (empresas) basadas en información que surge de los sistemas informáticos que permiten detectar inconsistencias y monitorearlas, así como el cruzamiento de datos con otras herramientas. Esas acciones de “control extensivo” —como las llama en su jerga— habían sido entre 60.000 y 70.000 en años anteriores. “Es un aumento importante” que por primera vez se incluye como meta en los compromisos de gestión del organismo, destacó Serra.
La Impositiva también asumirá compromisos en materia de “controles intensivos”. Las actuaciones deberán incrementarse de 43 en 2014 a 49 en 2015 entre las empresas con mayor actividad (“grandes contribuyentes”), y la División de Fiscalización mantendrá la cantidad de auditorías sobre el resto de las empresas aunque pondrá más énfasis sobre aquellas que facturen al año más de $ 50 millones (con un mínimo de 95, frente a 90 el año pasado).
“Un cambio importante en uno y otro caso refiere a la calidad de estas actuaciones. Gracias a la acumulación de información que ha ido generando, la DGI está en condiciones de hacer un análisis de riesgo de los distintos sectores, tipo de contribuyente y por impuesto. En función de esos datos definimos a qué persona física o empresa vamos a auditar, poniendo énfasis en los que presentan mayor riesgo”, explicó.
“Tenemos muchísima información que surge de las facturas electrónicas, también de terceros —clubes, colegios, automotoras y compras superiores a las 10.000 unidades indexadas (UI)— que dan indicios del poder adquisitivo de los individuos. La DGI también pide información, aunque no de modo sistemático, a rematadores de obra de arte. Con ese tipo de datos estamos haciendo en estos días un control de IRPF y del Impuesto al Patrimonio”, comentó Serra.
“Esto hace que nuestros procesos de auditoría sean mucho más eficientes”, añadió.
El organismo no aumentará el tamaño de su plantilla (que ronda los 1.300 funcionarios). Pero los cargos que queden vacantes por retiros los intentará cubrir con profesionales para aprovechar mejor ese cúmulo creciente de información que maneja y transformarlo en una vigilancia más eficiente de los contribuyentes.
Paralelamente, la DGI tiene previstos operativos sobre algunos sectores de actividad en coordinación con otros organismos, como el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo. Recientemente se inspeccionó a 35 empresas de transporte de carga —que, según adelantó el jerarca, arrojará una reliquidación, más multas y recargos por unos $ 50 millones— y a importadoras mayoristas. Esto apunta a combatir la evasión tributaria, el contrabando y también la formalidad laboral en esos giros.
La gestión judicial de cobro será fortalecida este año, si bien hace un mes la DGI empezó a realizar contactos telefónicos con el contribuyente previos a ese paso para informarle de las alternativas que tiene para cancelar la deuda y de las consecuencias de no hacerlo (intervenciones de caja, embargos y remate de bienes).
“Lo que completa el ciclo de recaudación es la gestión judicial del cobro, porque muchas veces el contribuyente que es auditado paga contado o hacen un convenio para cancelar las deudas. Hay otros que no cumplen con las obligaciones y en ese caso la DGI inicia un juicio ejecutivo de cobro. Hace años que el organismo no remata, pero como parte del compromiso de gestión asumimos como meta reconstruir los títulos de propiedad de 12 bienes inmuebles como paso previo al remate”, informó Serra.
Ya con una visión más de mediano plazo, la Impositiva trabajará en el fortalecimiento de su área de planificación y análisis de la información que servirá para definir un “plan de control” a partir de análisis de riesgo para 2016, así como de metas de gestión interna.
Factura con cronograma.
Como otra meta figurará en el compromiso de gestión la publicación, en pocas semanas, de un calendario que obligará a las empresas que aún no lo han hecho a incorporarse al régimen de facturación electrónica, que reporta datos en tiempo real sobre las operaciones a la DGI. En 2016 abarcará a 4.500 firmas con ventas anuales superiores a 15 millones de UI; en 2017 a 8.000 que facturan entre 4 y 15 millones de UI; en 2018 a 20.000 que venden entre 1 y 4 millones; y en 2019 a 24.000 empresas cuya facturación es de entre 300.000 y un millón de UI. Para el grupo de firmas con menores ventas se estudia cómo se incorporan al régimen sin trasladarle costos.
“Para facilitar este cronograma la DGI hará ajustes en la habilitación de los emisores electrónicos tendientes a hacer más rápido y menos costoso el proceso para las empresas”, indicó.
