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El “caso Astesiano” parecía dar una tregua al oficialismo y hasta a la interna judicial después de que la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, alcanzara un acuerdo con el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou para que se declarara culpable de ciertos delitos y así cerrar la investigación en su contra. Sin embargo, la difusión de unos audios que Fossati le envió al periodista Carlos Peláez dio oxígeno a las críticas de la oposición y pusieron en una situación incómoda al fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez.
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En una conversación con Peláez, que tuvo lugar en noviembre, la fiscal aseguró que “quieren tapar todo” y que la indagatoria “no va a poder llegar a su fin”, porque “las piedras son permanentes” y hubo filtraciones de ministerios, Presidencia y Fiscalía. Añadió además que no estaba dispuesta a inmolarse por ese caso, según los audios divulgados el viernes 3 por el programa Legítima Defensa.
A través de un correo enviado el sábado, Fossati solicitó a Gómez ser relevada del caso que tenía en el centro a Alejandro Astesiano, pero contaba con varios frentes abiertos. Según informó VTV Noticias, planteó que hay una estrategia orquestada dirigida a perjudicarla, y que debe ser apartada del caso porque se perdió la referencia de qué cosas son de interés penal y cuáles son hechos políticos. Fossati presentó una certificación médica por 15 días y fue subrogada por el fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano.
En esa comunicación, según informaron a Búsqueda fuentes vinculadas a la Fiscalía, “no hubo un pedido concreto y expreso” de apartarse del caso, sino “una sugerencia”, por lo que Gómez no tiene un mecanismo legal para concretarlo.
Los fiscales cuentan con dos mecanismos para pedir el alejamiento de una investigación, pero ninguno fue esgrimido por Fossati, según los informantes. Por un lado, pueden solicitar el derecho de abstención, que debe estar motivado y debidamente justificado “por razones de decoro o delicadeza”, según establece el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación. Dicho pedido es resuelto en última instancia por el fiscal de Corte, quien determina si autoriza o no al fiscal a apartarse del asunto. Por otro lado, se presenta como alternativa la solicitud de traslado de Fiscalía, algo que tampoco fue realizado por Fossati.
Mientras la Fiscalía resuelve qué hacer con el pedido de Fossati, los audios que se envió con el periodista dieron pie para que el Frente Amplio atacara al gobierno. La oposición exigió “una respuesta” del Poder Ejecutivo, por considerar que las expresiones de la fiscal “ponen en tela de juicio la colaboración” del gobierno y “la propia investigación”, dijo la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian en conferencia de prensa el lunes tras una reunión de la Mesa Política.
Otras prioridades
La certificación médica que presentó Fossati se extiende hasta el 19 de marzo, pero antes hay instancias sobre las que deberá resolver Romano, su reemplazante.
Este viernes 10 de marzo está prevista una audiencia donde comparecerá el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, que es indagado por posible encubrimiento por su visita a los padres de Alejandro Astesiano, en el lado brasileño de la Barra del Chuy.
Romano no se expedirá en esa instancia sobre la indagatoria de Leal, confirmaron a Búsqueda fuentes cercanas al caso. Argumentaron que no está en condiciones de hacerlo, ya que desconoce los detalles del caso. En ese sentido, Romano en los próximos días escuchará los audios de las declaraciones del exjerarca ante la fiscal Fossati y analizará los insumos incluidos en la carpeta de investigación.
Romano espera que la Justicia otorgue un plazo a la Fiscalía para que se expida, que podrá extenderse hasta el retorno de Fossati a sus funciones. En caso de que no sea solicitado por el abogado de Leal, Diego Camaño, será el propio fiscal quien pida una prórroga.
El fiscal aseguró en declaraciones al programa Doble Click de radio Del Sol que mientras Fossati permanezca de licencia médica no puede “hacer mucho”, porque “lo que haga puede perjudicar a la causa” que ha sido investigada por su colega durante meses y “hay que respetar el trabajo” hecho hasta el momento. Además, indicó que se trata de una causa que no está “priorizando”.
El caso no está del todo paralizado. Romano y la fiscal adscripta de 12° turno, Gloria Nicolini, encabezaron el martes una audiencia de formalización vinculada a la línea de investigación del “caso Astesiano” sobre los pasaportes falsos.
A solicitud de Fiscalía, el juez Alejandro Asteggiante Blanco imputó al excónsul en Rusia Gustavo Piegas, que intervino en 104 trámites, y ordenó la fijación de domicilio, cierre de fronteras, la entrega de documentos de viaje y la prohibición de comunicación con funcionarios de la Embajada de Uruguay en Moscú. Estas medidas cautelares rigen por 180 días, mientras avanza la investigación.
