Advertidos de que el tema de la seguridad es un asunto complejo y multifactorial, el apuro electoral que nació tras la finalización del Mundial de fútbol añadió una grotesca simplificación que ahora se procura utilizar como un boomerang político contra algunas iniciativas proactivas sobre el tema, cuando se sabe que el nudo gordiano del asunto es un problema sin divisas, ni partidos.
Es por esto que genera verdadero desconcierto que algunas voces prestas a reclamar a gritos por casas con más enrejado, más cercado electrificado, más alarmas, más guardias privadas, más patrulleros y hasta militares en las calles, se escandalicen porque un gobierno departamental organice una estructura de vigilancia electrónica o que un intendente reclame crear organismos de apoyo departamental a la acción notoriamente insuficiente de la Policía y hasta se atreva a pedir descentralización para un tema que reclama soluciones peculiares y modernas.
Es probable que el que mira desde la Ciudad Vieja o de avenida Brasil y la rambla pierda la perspectiva de que hay un reclamo creciente de la ciudadanía, que proviene de esa parte del país donde las puertas no se cerraban con llave, ni existían rapiñas en el centro de las ciudades a plena luz del día, ni había ladrones de bancos que llegaban en auto desde Montevideo a explotar cajeros o a robar almacenes y huir sin dejar rastros, ni se robaban vehículos de los garajes domiciliarios a pocos minutos de la Jefatura de Policía o de la Comisaría de tranquilas localidades, donde no había “ajustes de cuentas” en las calles ni en los espacios públicos, como si de Chicago y Al Capone se tratara, ni el delito se explicaba con peregrinas teorías sobre “las rutas de penetración del narcotráfico”, como si fuera un hecho ineluctable sobre el cual nada se puede hacer.
Esa parte del país donde la seguridad era un valioso activo reclama hoy contra la inercia de los hechos y contra la mansa aceptación de que el delito ganó la partida de manera irremediable.
La inauguración de un centro de monitoreo y videovigilancia en la Intendencia de Florida y la propuesta del intendente Carlos Enciso de abrir un debate sobre lo que las comunas pueden aportar a la seguridad pública, hasta —incluso— llegar a una descentralización en la gestión de la seguridad que aggiorne un viejo concepto heredado del siglo XIX, habilitó una pequeña tormenta mediática y algún torbellino en las redes que simplificó el problema y lo redujo a una legitimación jurídica de si las comunas pueden o no hacer algo, ante un problema de tanta gravedad.
En realidad, desde hace muchos años hay cosas que las comunas hacen y que no son tarea de las comunas.
¿Hacer una policlínica médica, es tarea comunal? ¿Dar frazadas a los necesitados, o dar refugio a los sin techo en el invierno crudo, es tarea comunal? ¿Atender comedores, hacer piscinas para niños o construir centros polideportivos, es tarea comunal? ¿Entregar terrenos para que los cuadros de baby fútbol tengan cancha, es tarea comunal? ¿Ayudar a una escuela de campaña y hasta construir locales para estas cuando ocurren episodios graves, es tarea comunal? ¿Enseñar oficios agrícolas a los más desvalidos, es tarea comunal? Si el sentido común ayuda, entonces vale la pena preguntarse: ¿y entonces por qué la seguridad dejaría de ser también tarea comunal?
Nada de esto es para dejar en evidencia al gobierno central, como algunos creen. Ocurre porque la gente más alejada de la Ciudad Vieja o de avenida Brasil y la rambla tiene necesidades que no siempre contempla el gobierno nacional, y los reclamos se imponen por las demandas urgentes de mínima calidad de vida.
La creación de una Guardia Municipal en Florida, fue una idea que en 2015 terminó respaldada por casi siete de cada 10 ciudadanos, cuando Enciso fue reelecto como intendente.
En su Programa de gobierno 2015-2020, que fue su librito de campaña, asumió el compromiso público de mejorar la convivencia mediante la creación de esa unidad, para actuar en los espacios bajo control del Gobierno Departamental, velar por el orden y la seguridad en actos y espectáculos multitudinarios, controlar el vandalismo contra los bienes públicos, disuadir en caso de destrucción del patrimonio departamental, y facilitar la convivencia entre los habitantes de Florida.
Fue por ello que se colocaron cámaras de video en calles y plazas, se integró una unidad con personal municipal para el monitoreo y se cuenta con una media docena de policías eventuales destinados a cumplir en la Guardia Municipal, con los cometidos que excedan a las funciones establecidas para los empleados de la intendencia.
La del policía eventual es una figura jurídica creada en 1957 por ley, y desde entonces cumple las funciones que le es inherentes en entes autónomos, servicios descentralizados del Estado y gobiernos departamentales.
Una comuna debe atender en forma regular infinidad de problemas de seguridad que no se agotan en lo estrictamente policial, y la existencia de personal de vigilancia o de cámaras de videovigilancia ayudan a disuadir al que espera la invisibilidad de su accionar, para cometer fechoría en calles, plazas u otros espacios públicos de dominio municipal.
¿Y quién se atreve a negar que lo que comienza con la quema de un contenedor de basura, no termina por relacionarse con el accionar antisocial que culmina en un delito contra la propiedad o contra las personas, si no hay control alguno?
Por añadidura, tras la inauguración del centro de monitoreo en Florida, algunas intervenciones periodísticas derivaron el asunto de la Guardia Municipal hacia el tema de la descentralización de la seguridad y el papel que deberían jugar los gobiernos departamentales en su gestión, donde se advierte la pavura que la autonomía departamental provoca en algunos comentaristas de las realidad nacional.
“Ayer, Carlos Enciso propuso algo así como crear una policía departamental: un disparate sin pie, ni cabeza”, sostuvo con gran irritación un antiguo funcionario a quien las pretensiones autonómicas de los departamentos parecen temerarias de herejía.
Y si bien algunos gobiernos departamentales rechazaron de plano la propuesta, otros mostraron una postura ambigua (el caso del frentemplista Daniel Martínez) o francamente favorable (el caso de la nacionalista Adriana Peña) frente a un planteo que puede contribuir positivamente a la seguridad pública.
Si bien la República Oriental nació como un Estado unitario, y así ha mantenido su condición, hay que advertir que cuando eso se hizo matriz, existía un vasto territorio habitado por una muy modesta población.
Fue recién en 1852 que el país tuvo su primer registro censal, contabilizando para entonces una población en todo el país que era de 131.969 habitantes, cantidad algo superior a la gente que hoy reside en el departamento de Paysandú, y bastante inferior a la que en la actualidad vive en el departamento de Maldonado.
Al paso de los años, todas las intendencias departamentales han asumido de manera sistemática roles que en principio les correspondía cumplir al Estado nacional, pero como natural consecuencia del crecimiento demográfico, los reclamos ciudadanos han obligado a ampliar su abanico de funciones amparado más en las necesidades de la gente que en la estricta legalidad.
El problema de la seguridad no es solo responsabilidad de Eduardo Bonomi, a ojos vista, un funcionario notoriamente incompetente para solucionarlo, sino de la sociedad toda.
La zona de confort que brinda la normativa legal, no puede ocultar la dinámica de los problemas sociales graves que se deben encarar.
Quizás en este siglo XXI sea hora ya de reivindicar con convicción la necesidad de una auténtica descentralización que no se agote en el discurso ni en la corrección política.
Si las cosas siempre las hacemos igual, tendremos siempre los mismos resultados.
Heraclio Labandera
CI 1.995.868-2
