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    La Intendencia de Montevideo trabaja en un decreto para impedir que los boliches discriminen y realicen publicidades “sexualizantes”

    En 2011, el activista gay Fernando Frontán fue expulsado del boliche Tres Perros por negarse a sacarse las caravanas que tenía puestas. Unos años después, en 2014, una funcionaria negra de la Embajada de Estados Unidos denunció que el centro bailable Citrus la discriminó y no la dejó entrar por su color de piel. Más recientemente, en 2015, la matiné Non Stop quería prohibir la entrada a los jóvenes que fueran con corte de pelo escalonado y piercings.

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    Los tres casos tuvieron una fuerte repercusión mediática —el primero de ellos incluso terminó con el procesamiento del dueño del local— y dispararon la discusión sobre el derecho de los propietarios de boliches de prohibir el ingreso de forma discrecional.

    También dejaron en evidencia que la Intendencia de Montevideo (IMM) carece del marco normativo para impedir la discriminación, un tema que, si bien fue abordado en la administración anterior, no fue solucionado.

    Por ese motivo las autoridades trabajan en un decreto que enviarán a la Junta Departamental para evitar la discriminación en los boliches por motivo del color de piel, raza, género o estatus socioeconómico.

    La directora de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche, dijo a Búsqueda que si bien existen leyes que prohíben la discriminación, desde el punto de vista de la comuna no hay herramientas jurídicas para tomar medidas concretas en esos casos.

    “Hay personas a las que se les niega el acceso a lugares como un restaurante, un boliche, una cancha o a cualquier otro lugar público o privado de acceso público, con excusas que tienen que ver con la seguridad del lugar o con la vestimenta. Pero en el trasfondo se nota que el verdadero objetivo por el que no se les permite acceder o se les pide que se retiren es por su orientación sexual, por su color de piel o porque la forma en que están vestidas está asociada a determinada condición social y económica”, explicó la jerarca.

    Los propietarios, por su parte, suelen ampararse en el derecho al trabajo establecido en el artículo 36 de la Constitución. También suelen argumentar que toman decisiones de no dejar entrar a personas con ciertas características para garantizar la seguridad dentro del local.

    “Ellos están preocupados por los problemas que se generan alrededor del boliche, pero una cosa es cuidar el ingreso por razones de seguridad y otra cosa es establecer el prejuicio”, dijo Goyeneche, y señaló que en esta materia “hay una zona gris muy importante”.

    Por eso, la idea del decreto en la que trabajan las autoridades es llenar ese vacío normativo y otorgarle a la IMM los instrumentos necesarios para poder sancionar cuando exista discriminación.

    “Nosotros tenemos que garantizar que en esos espectáculos públicos no haya elementos estigmatizadores o estereotipadores de los ciudadanos o ciudadanas que impidan que ese espectáculo sea realmente público”, dijo en conversación con Búsqueda el prosecretario de la IMM, Christian Di Candia, de quien depende Inspección General, la dependencia de la comuna encargada de fiscalizar a los centros bailables.

    “Está bueno que la gente tenga claro que, aunque los locales hagan espectáculos públicos en lugares cerrados, siguen siendo espectáculos de acceso público”, añadió el jerarca.

    Determinar cuándo existe discriminación por parte de esos lugares, sin embargo, es una tarea complicada.

    Más allá de este tema puntual, la IMM tiene la intención de cambiar la forma en que controla a los boliches. Para ello apunta a diferentes alternativas tecnológicas, como sensores que midan la cantidad de personas que hay en un boliche y les advierta cuando estos se exceden de lo permitido. En este marco, la instalación de cámaras es una de las posibilidades que maneja la comuna para soluiconar varios frentes.

    “Si vos tenés una grabación de lo que sucede en la puerta, podés determinar si a una persona no la dejaron entrar por afrodescendiente, por gay, porque tenía un piercing o determinado tipo de gorro”, explicó Di Candia.

    “Sexualizada”.

    En julio de este año, los organizadores de la fiesta Mega Week —a la que podían asistir mayores de 14 años— ofrecieron consumiciones gratis a las chicas menores de edad que se vistieran con shorts o calzas. Finalmente, la fiesta fue clausurada por carecer de las habilitaciones de Bomberos, aunque la verdadera razón, reconocieron las autoridades, fue el hecho de promover ese tipo de vestimenta.

    Las prendas que se instaban a usar implicaban poner en “peligro de violencia de género” a las adolescentes que asistían al evento, dijo la directora de Género de la IMM, Patricia González, en “La tarde en casa” de Canal 10.

    El abogado Honeir Sarthou cuestionó la decisión de la comuna en su columna del semanario “Voces”: “No vale la pena considerar si es deseable o indeseable que se premie con un refresco el uso de cierta prenda o la llegada tempranera a una fiesta. Porque mucho más grave es que la jerarca de un organismo público afirme por televisión que denegó un permiso no por los motivos invocados sino por otros (eso implica la anulabilidad de la decisión por haberse dictado con desviación de poder). Y mucho más grave es si los hechos que verdaderamente motivaron la decisión, aunque contravengan la ideología de las jerarcas, no configuran falta ni infracción a ninguna norma”.

    “¡El poder público debe ser usado siempre para cumplir las normas vigentes y nunca para satisfacer convicciones, obsesiones o caprichos personales de los funcionarios!”, agregó Sarthou en su reflexión, que abarcó una crítica más general a la comuna —y al gobierno nacional— por este tipo de acciones.

    En esa oportunidad, las propias autoridades de la IMM reconocieron que no había reglamentación específica para evitar este tipo de publicidad realizada por los organizadores de la fiesta y que iban a trabajar al respecto.

    Es por ese motivo que, en el decreto que están diseñando para evitar la discriminación, también van a ahondar sobre ese asunto. “Nosotros no queremos que a las adolescentes se las invite a una discoteca promocionando que vayan vestidas totalmente sexualizadas y que todavía eso se promueva haciendo una oferta con un producto como un trago. El objetivo de la normativa será también evitar este tipo de situación”, dijo Goyeneche.

    “Discriminación”.

    El decreto en el que están trabajando las autoridades tiene sus antecedentes en una propuesta enviada a la Junta Departamental en 2014, en cuya redacción participaron la Institución de Derechos Humanos, la Comisión Honoraria contra la Discriminación y la Defensoría del Vecino. A su vez, esos organismos basaron su propuesta en un texto elaborado en 2013 por la entonces presidenta del la Junta Deprtamental —y actual directora de la Secretaría de la Juventud de la IMM—, Maite Lopez.

    “Es importante tener una norma que permita actuar cuando se den situaciones de discriminación”, argumentó en conversación con Búsqueda la defensora del Vecino, Ana Agostino.