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En votación dividida, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dio marcha atrás y no contratará al constitucionalista Martín Risso para que elabore un informe sobre la ley que regula la presentación de declaraciones juradas por parte de los funcionarios públicos y, en particular, la difusión de la información de los cónyuges.
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La denominada “junta anticorrupción” había resuelto el 6 de octubre contratar a Risso con los votos de la presidenta, Susana Signorino (Cabildo Abierto), y el vicepresidente, Guillermo Ortiz (Partido Nacional). La vocal Ana Ferraris (Frente Amplio) votó en contra.
La semana pasada, en su última sesión como presidenta de la Jutep, Signorino pidió reconsiderar la contratación de Risso, dijeron a Búsqueda fuentes del organismo.
El hecho de que la Jutep contratara a Risso había provocado controversia, porque el constitucionalista asesoró al senador Juan Sartori en su reclamo contra ese organismo. El exprecandidato blanco presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la “ley cristal” que obligan a legisladores y decenas de jerarcas públicos a entregar información patrimonial de sus cónyuges.
Ortiz se opuso a la reconsideración del tema, pero quedó en minoría. Con los votos de Signorino, quien renunció al cargo esta semana, y Ferraris, la Jutep dejó sin efecto la resolución con la que había decidido la contratación de Risso.