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Si hasta ahora había argumentado que no tenía por qué entregar una declaración jurada con los bienes de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, hija del multimillonario ruso Dimitry Rybolovlev, ahora anunció que buscará que la Suprema Corte de Justicia declare la inconstitucionalidad del artículo que lo dispone.
Para fundamentar su posición, el empresario y exprecandidato por el Partido Nacional contrató a dos expertos en derecho constitucional, Martín Risso y Carlos Delpiazzo, quienes cuestionaron el artículo 12 de la Ley 17.060 que obliga a legisladores y diversos jerarcas de la administración pública a presentar una declaración jurada de sus bienes y de sus cónyuges.
“Los informes de Risso y Delpiazzo, eminencias en derecho constitucional, son categóricos”, tuiteó el miércoles 10 Sartori.
La decisión es el desenlace de un proceso de más de dos años, motivado por una denuncia recibida por la Jutep que afirmaba que el senador no había cumplido la ley al omitir la información de su esposa y también la de sus ingresos. La Junta le pidió los datos, hasta ahora sin éxito.
Experto en derecho constitucional, Martín Risso. Fotos: Video de Subrayado
Desconocimiento
El informe de Risso comienza con un punteo de la información que el propio Sartori le brindó para analizar el caso.
“Usted no está al tanto de bienes propios de su cónyuge dentro del territorio nacional y, si tuviera bienes en el extranjero, nunca estuvo al tanto de esto, ni sabe si tiene participación o vinculación en sociedades nacionales o extranjeras, con o sin personalidad jurídica, ni que se encuentren comprendidas en la nómina” incluida en la ley, dice el informe de Risso.
El siguiente punto expresa que Sartori le dijo que “cuando preparó su declaración jurada incluyó toda la información relativa a su persona, pero no la de su esposa por ignorar qué bienes o sociedades podría ella tener o integrar”. Y agrega: “En su momento solicitó a su cónyuge que le diera información para incluir en la declaración jurada, pero ella se ha negado y mantiene dicha negativa en la actualidad”.
El hecho de que Sartori declare que no sabe nada sobre los bienes de su esposa es clave para el argumento de Risso en su escrito.
La obligación de informar sobre los bienes “recae en el funcionario y este solo podrá informar sobre aquello que sea de su conocimiento”, explica Risso.
La actual esposa de Sartori, con quien tiene separación de bienes, ha aparecido en los titulares de los medios internacionales en varias ocasiones por participar en adquisiciones de propiedades millonarias. En 2013, la revista Forbes informó que Rybolovleva había comprado la isla griega de Scorpios. Poco después, llegó la confirmación oficial de la familia mediante un comunicado: “Una compañía perteneciente a un fideicomiso actuando en el interés de Ekaterina Rybolovleva ha completado la compra de un grupo de compañías antes propiedad de la señora Athina Onassis. Entre los activos de este grupo de compañías estaban las islas de Scorpios y Sparti. Ekaterina está encantada de que el fideicomiso haya negociado esa compra. Ve un potencial significativo para futuras mejoras de las islas usando tecnología amigable con el medioambiente y considera la adquisición como una inversión financiera de largo plazo”.
Sartori se casó con Rybolovleva en 2015, en una fiesta en Scorpios.
El hecho de que Rybolovleva esté vinculada a un fideicomiso montado por su padre ha sido informado en varias ocasiones, en parte porque la exesposa del suegro de Sartori le inició un juicio en el marco de su divorcio.
El presidente ruso del Mónaco, Dmitriy Rybolovlev, y su hija Ekaterina Rybolovleva durante un partido de fútbol de la L1 francesa. Foto: AFP
Interés general
Risso sostiene en su informe para Sartori que la exigencia de que los funcionarios entreguen una declaración jurada de bienes es constitucional porque, si bien choca con el derecho a la intimidad, este puede ser limitado mediante leyes por “razones de interés general”. Para determinar si una norma “cumple con la exigencia de haber sido dictada conforme a razones de interés general, se utiliza el principio de proporcionalidad”, dice el experto.
Para Risso la ley que regula las declaraciones juradas cumple con ese principio porque, “siendo el fin lograr la transparencia y el combate a la corrupción, parece que la declaración que exige la ley y que limita el derecho a la intimidad de los funcionarios es un medio idóneo para alcanzar dicho fin”.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, sin embargo, hace un razonamiento diferente cuando se trata del cónyuge del funcionario. Es de “muy dudosa utilidad” pedir información sobre un cónyuge porque “es muy ingenuo” pensar que alguien que comete actos de corrupción pondrá sus beneficios a nombre de su pareja.
Así, en cuanto al requisito sobre cónyuges o concubinarios “no se puede sortear el principio de proporcionalidad y por ende resulta inconstitucional”, dice el informe.
La isla griega Scorpios
Peca de inconstitucionalidad
Delpiazzo, profesor emérito de la Universidad de la República, considera que en el caso de Sartori “no puede imputarse culpa —mucho menos dolo— a un funcionario público por el hecho de que su cónyuge se niegue a firmar y presentar una declaración jurada de sus bienes e ingresos”. El senador no tiene cómo obligar a que le den la información, explica.
Al igual que Risso, considera que el artículo cuestionado viola el derecho a la intimidad de Rybolovleva, por lo que es inconstitucional.
