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El juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión por el delito de “lesiones graves dolosas” a tres mujeres que agredieron la madrugada del 14 de diciembre a la activista Tania Ramírez en la puerta del boliche Azabache.
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Con su decisión, adoptada ayer miércoles, el juez Fernández Lecchini acompañó el pedido del fiscal Carlos Negro y procesó a las tres agresoras. No obstante el magistrado aclaró que en la investigación del caso “no se han relevado ánimos” que supongan la figura penal de discriminación.
De hecho, Fernández Lecchini sostiene que hubo dos versiones de lo sucedido y que “ninguna de ellas ha logrado imponerse a la otra”.
De acuerdo con Ramírez, esa madrugada hizo señas a un taxi que no le paró pero se detuvo unos metros más adelante para levantar a las agresoras. En ese instante escuchó —según declaró— que le decían que el taxi no le había parado a ella porque es negra. Agregó que se acercó, les dijo que sí era afrodescendiente, tenía el pelo crespo y no tenía ningún problema con ello. Luego afirmó que el vehículo les había parado a ellas porque eran unas “putas”.
En cambio, la versión de las agresoras es que el taxi les paró a ellas por lo que Ramírez se acercó y le dijo al chofer: “Tachero muerto de hambre, a ellos les parás porque son unos changos, a mí no me parás porque soy negra”. Ante esos dichos —dijeron— se bajaron del taxi y comenzaron los golpes.
En su dictamen, el fiscal afirma que si bien la víctima sostiene que el ataque tuvo un móvil racista, del testimonio de los testigos y del interrogatorio a los protagonistas “no resulta suficientemente probado” que la agresión “tuviera como razón de ser la condición racial de la víctima”.
“Por el contrario, y más allá de los términos claramente discriminatorios y racistas de los insultos que profieren las agresoras, este no aparece como el motivo, razón y/o circunstancia que desencadenara el violento ataque”, agrega el fiscal en su dictamen, al que accedió Búsqueda.
La agresión a Tania Ramírez provocó la reacción de jerarcas de gobierno y organizaciones sociales. De hecho, tanto el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, como el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, adjudicaron el ataque a móviles racistas en varias apariciones públicas.
Problemas sociales.
Para el fiscal, la grabación de las cámaras de seguridad del boliche y los testimonios dejan claro que todos los participantes de ese episodio se insultaron.
“Tanto ellas como la propia denunciante, y luego de una larga noche que incluyera el consumo de bebidas alcohólicas en forma más o menos abundante, reconocen haberse proferido insultos, los que sin embargo no pretendieron tener un carácter especialmente discriminatorio, sino antes bien, la finalidad de ofender de alguna manera al destinatario de tales exabruptos”, afirma.
Sin perjuicio de ello, el representante del Ministerio Público entiende que “la gravedad de los hechos denunciados no resulta en medida alguna disminuida por la ausencia de una connotación discriminatoria o racista”.
“Simplemente, considera este representante de la causa pública, que las manifestaciones insultantes de las personas denunciadas (por cierto inadecuadas y de claro contenido discriminatorio) no tienen la relevancia penal que requieren las figuras delictivas” previstas en el artículo 149 del Código Penal (que tipifican el delito de discriminación). Negro recuerda que la joven agredida se vio impedida de trabajar durante más de 20 días y sufrió la laceración de su hígado como consecuencia de los golpes recibidos, según los informes médicos que recibió la sede.
El fiscal Negro aprovechó este caso y la repercusión pública que generó para dejar estampado en su dictamen una reflexión sobre la función que cumple el Derecho Penal en la sociedad.
“No escapa a este fiscal la naturaleza del Derecho Penal, en tanto barrera última para la defensa del Estado de derecho y la paz social y no herramienta para la solución de problemas sociales, por graves que sean”, escribió.
Apoyándose en la opinión del penalista Miguel Langón, Negro entiende que es necesario valorar las expresiones “no solo desde el punto de vista objetivo”, sino también “buscar su finalidad, su objeto”.
En función de estos argumentos, el representante del Ministerio Público pidió el enjuiciamiento con prisión de tres mujeres y la ubicación del paradero de la restante, lo que fue acompañado por el juez.
Para solicitar la prisión de las indagadas Negro tomó especial cuenta de que en la agresión participaron al menos tres personas, lo que según el código eleva la pena.
