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La paz es la continuación de la guerra por otros medios. Hasta el ciudadano más despistado lo percibe a la distancia. Desde que llegó el Frente Amplio al poder, y con la complicidad del “independiente” Poder Judicial, estamos en presencia de una verdadera “caza de brujas” para todos aquellos que alguna vez, en época de guerra interna, fueron llamados a defender la patria de la agresión marxista.
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“La guerra es la continuación de la política por otros medios” dijo Von Clausewitz y eso fue complementado por Viacheslav Molotov (1890-1986), mano derecha de Lenin y luego de Stalin, cuando aseveró que “la paz es la continuación de la guerra por otros medios”. Nada más ajustado a la realidad del Uruguay actual.
Una venganza grosera, dura, tosca, disfrazada de “justicia”. “Hay que meterlos presos a como dé lugar”. Más técnicamente, se puede hablar del “Derecho Penal del Enemigo”.
Se ha visto de todo. Ya no queda artilugio que inventar. Hemos visto anular una ley. Algo que no existe en nuestra Constitución. Pero además con efectos retroactivos y en abierto desacato a lo mandatado por la ciudadanía en dos oportunidades. Una ley puede derogarse o declararse inconstitucional. Junto con eso, debemos agregar las novedosas, libertarias y garantistas tesis de las señoras Mota y Guianze: “Si no sabían, debían saber”, “se puede procesar por convicción”, “no se puede permanecer callado, hay que incriminarse a sí mismo, hay que colaborar”. Esta última tesis no se escuchaba desde la “Gran Purga” estalinista (1936-39) donde los ajusticiados admitían “pacíficamente” su culpabilidad y aprobaban sus condenas a muerte por “conspiración”.
No solo se aplica el Derecho Penal común para un tiempo de guerra interna; además se lo aplica violando cualquier tipo de garantías. Procesar por homicidio a alguien que “si no sabía, debía saber” es algo grotesco que solo pasa en regímenes como el de Cuba.
A modo de ejemplo, el juez toma como determinante en el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz el hecho de que Juan Carlos Blanco haya denegado la renovación del pasaporte, para imputarlo como coautor de homicidio especialmente agravado. Aún no se sabe ni siquiera los móviles del crimen, ni siquiera el autor o autores.
Más cerca en el tiempo, la ex ministra de Defensa, Berrutti, abogada penalista y conocedora de estos temas, manifestó reiteradamente que los jueces estaban procesando “sin pruebas”. Mujica ha dicho varias veces que “esta justicia tiene olor a venganza”.
En estos días aparece el caso Luzardo, en el cual el Tribunal de Apelaciones revoca el fallo de primera instancia y dice “no hay una sola prueba que demuestre que el general Álvarez haya dado órdenes de no asistir al paciente”. Todos los médicos que actuaban en ese momento en este sitio coincidieron en el testimonio. Aun así, el juez Fernández Lechini, “por convicción”, lo procesa como coautor de homicidio especialmente agravado.
Aparece el caso Gomensoro, donde hay un solo testigo (el resto es de oídas), Mario Blanco, que incurre en profundas contradicciones. En contradicción aun con los forenses pero es tomado por la jueza Elhorriburu su testimonio como decisivo. El ministro de Defensa actual y el ex canciller Fernández salen a decirle públicamente a la jueza que sus informaciones son erróneas. Sea como fuese, no parecen las cosas claras. Y menos para mandar a un hombre a la cárcel por graves delitos.
Ahora aparece un caso más grave aún.
Es el caso Ramos. La fiscal, otra vez Guianze. Se hace una pericia siquiátrica a casi 40 años y se concluye que el detenido “no pudo haberse suicidado”. Aún así hay testimonios de lo contrario que no son tenidos en cuenta. Parece de Ripley. Peor aún: el Tribunal de Apelaciones, al revocar la sentencia de primera instancia, afirma: “Se crearon hechos en lugar de reconstruirlos”. Esto es extremadamente grave. Más aún, porque la fiscal es actualmente directora del Instituto de Derechos Humanos.
Creo que es un momento donde la sociedad entera debe manifestarse.
Hoy son unos 30 ciudadanos que están cumpliendo condenas en parodias de juicios completamente amañados. ¿Nos da esta Justicia garantías al resto de los ciudadanos? Una persona que ex profeso “crea hechos”, como la señora Guianze, ¿puede estar al frente de ese Instituto? ¿Serán los hechos del caso Ramos los únicos que “ha creado”?
Se está poniendo, como dijo Mujica recientemente, lo político antes que lo jurídico.
A casi 40 años de los episodios, desconociendo la voluntad de la ciudadanía por dos veces manifestada, violando la normas más elementales del debido proceso y garantías del Derecho Penal, cuando a los promotores y autores de la violencia política se les ha reparado, homenajeado y premiado y hay unos cuantos de ellos en cargos importantes de gobierno, ¿esta venganza disfrazada de justicia servirá para nuestra sociedad? ¿No será necesaria una solución alternativa que de una buena vez nos permita superar esa época?
