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    jueves 20 de junio de 2024

    La Jutep y un rumbo a corregir

    Nº 2195 - 13 al 19 de Octubre de 2022

    La amplia mayoría del sistema político asegura que el combate a la corrupción es una de sus prioridades. Los hechos, sin embargo, no sintonizan con los discursos. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el máximo organismo de combate a la corrupción en Uruguay, está en una situación crítica. Y eso se debe a la acción y omisión del sistema político.

    Las autoridades de la “junta anticorrupción”, sin excepción, han reclamado mayor presupuesto para cumplir con sus tareas, pero el Parlamento siempre se queda corto. No debe sorprender, entonces, que la Jutep no pueda cumplir correctamente su misión de contralor, como surge de una nota publicada la semana pasada por Búsqueda. Las denuncias que recibe sobre presuntas irregularidades, varias de ellas dirigidas contra políticos, llevan meses sin avances. La única abogada de la junta —sí, el principal órgano anticorrupción de Uruguay tiene una sola abogada— reparte su tiempo entre denuncias importantes y nimiedades.

    Los informes que elabora la solitaria abogada pasan luego a un directorio integrado por tres personas. La politización de ese directorio es otra señal de que el sistema no tiene como prioridad el combate a la corrupción.

    Con la llegada de un nuevo gobierno en 2020, el oficialismo y la oposición decidieron repartirse los cargos de la Jutep. Cabildo Abierto se quedó con la presidencia (Susana Signorino), los blancos con la vicepresidencia (Guillermo Ortiz) y el Frente Amplio con el cargo de vocal (primero Jorge Castro y después Ana Ferraris).

    “Hacer coincidir los cambios en la Jutep con el cambio de gobierno nacional y en el marco de una distribución de cargos cuotificada entre los partidos me parecía y me parece que es una marcha atrás brutal en esa línea de mostrar y fortalecer la independencia de la junta”, dijo Ricardo Gil Iribarne, tras renunciar en 2020 al cargo de presidente.

    No hay explicación válida para justificar que la “junta anticorrupción” sea parte del reparto de cargos al inicio de cada período. No la había cuando gobernaba el Frente Amplio y tampoco ahora.

    Los hechos parecen darle la razón a Gil Iribarne, quien dio claras señales de independencia del poder político durante su gestión. El directorio actual de la Jutep aparece cada vez más dividido por casos que involucran a políticos.

    A esto se suman los intentos de gobernantes de eliminar aspectos de la “ley cristal”. Al final de la legislatura pasada, el Parlamento aprobó por unanimidad cambios en el sistema de las declaraciones juradas que deben presentar miles de funcionarios públicos. El objetivo era dar más transparencia, mediante la publicación de una versión resumida de las declaraciones que entregan decenas de jerarcas, lo que permitía establecer un doble control: de la Jutep y de la ciudadanía.

    Pese a que la junta no ha hecho su parte —debe analizar el contenido de las declaraciones juradas que “abre”—, el mecanismo mostró que puede ser útil. Desde que está funcionando, periodistas y ciudadanos analizaron los documentos y expusieron presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas.

    Esto ha provocado también reacciones adversas. El senador Juan Sartori, investigado por posibles incumplimientos a la ley, quiere derribar el artículo que exige que los funcionarios presenten información de sus cónyuges o concubinos. A su vez, la vicecanciller, Carolina Ache, pretende que si presenta la declaración de su esposo, no sea pública. Son dos señales en el sentido contrario al que el sistema político siempre dice querer ir.

    El gobierno y la oposición uruguaya tienen una oportunidad inesperada de empezar a corregir el rumbo. La presidenta de la Jutep anunció que renunciará en breve a su cargo, informó la semana pasada El País. Su salida debería ser aprovechada para dar una señal de cambio. El sistema político tiene que demostrar que está a la altura, que el combate a la corrupción es una prioridad real, y designar a una figura independiente para liderar la “junta anticorrupción”. Salvo que el camino siga siendo no dar demasiado poder ni protagonismo a los que tienen que perseguir a los corruptos. No sea cosa que se les vaya a ir la mano.