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La principal organización internacional en contra de la tortura advirtió que dos de las propuestas del gobierno para combatir la inseguridad violan varios tratados internacionales y le solicitó al presidente José Mujica que desista de su aprobación.
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La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) envió el martes 24 una carta a Mujica en la que expresa su confianza en que el “apego” del mandatario a los derechos humanos llevará a que finalmente “no apruebe” dos proyectos a estudio del Parlamento, uno que establece un régimen especial de responsabilidad penal para menores y otro que habilita la internación compulsiva por consumo de estupefacientes.
La OMCT fue creada en 1985 y es la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante. Cuenta con 311 miembros distribuidos en todo el mundo.
A fines de junio, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento varios proyectos de ley para mejorar la seguridad del país. Uno de ellos modifica el Código de la Niñez y Adolescencia y establece un régimen especial de responsabilidad por las infracciones consideradas gravísimas. De aprobarse la propuesta, la privación cautelar de libertad será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva y tendrá una duración no inferior a los doce meses. Los menores podrán solicitar la libertad anticipada recién después de cumplida la mitad de la pena. Además, indica que las medidas de privación de libertad deberán ser cumplidas en establecimientos especiales, separados de los adolescentes privados de libertad por el régimen general.
El otro proyecto cuestionado por la OMCT prevé normas para la internación, tratamiento y rehabilitación social de adictos en situación de “riesgo” para sí o terceros.
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) cuestionó las medidas por entender que se afectan las “garantías” de circulación de las personas.
“Hay gente que defiende la libertad individual hasta las últimas consecuencias. Y no es hasta las últimas consecuencias, es hasta determinado nivel, determinado punto”, respondió el ministro del Interior Eduardo Bonomi (Búsqueda Nº 1.669).
Carta.
En la carta de la OMCT a Mujica —enviada también a legisladores, al ministro Bonomi, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, entre otros— se reconoce la “emergencia que para la seguridad pública supone el aumento de la violencia” en el país. Sin embargo, indica que los proyectos cuestionados van en contra de “instrumentos internacionales” como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Incompatible.
En un documento adjunto, la OMCT detalla los principales cuestionamientos a los proyectos.
En cuanto a la idea de que la privación cautelar de libertad hasta el dictado de la sentencia definitiva, la organización sostiene que esto es “incompatible con el respeto de la presunción de inocencia y de las debidas garantías judiciales”. No se respeta “el beneficio de la duda”, explican los integrantes de la organización.
La OMCT cuestiona que el proyecto fije la creación de establecimientos separados para quienes cometan delitos graves. Esta categoría no está prevista en el Código de la Niñez y Adolescencia, “estigmatiza” a los menores y obstruye su rehabilitación.
En cuanto al proyecto de internación compulsiva, la OMCT saluda la adopción de medidas y procedimientos “tendientes a preservar la integridad física y psíquica” de las personas adictas. Incluso, destaca uno de los artículos del proyecto, porque prevé la internación del menor en lugares físicos separados de los adultos y la obligación de comunicar esta situación a su representante legal.
Sin embargo, subraya que estas disposiciones “son insuficientes para proteger el interés superior del niño y sus necesidades especiales”. Además, cuestiona el artículo que establece un régimen de internamiento inmediato por consumo de estupefacientes, lo que puede afectar también a los menores de edad.
Los integrantes de la organización señalan que en esta parte del proyecto no hay “criterios claros” para su aplicación, lo que “entraña un riesgo grave para el derecho a la libertad y a la seguridad, y el derecho a las garantías judiciales fundamentales, reconocidas por el derecho internacional”. “La OMCT observa además que se trata de una detención administrativa y, por lo tanto, que los criterios para decidir esta medida deben ser aún más restrictivos que los de la detención penal”, añade el informe.
Asimismo, recuerda que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito “ha señalado que la internación obligatoria debe utilizarse como medida excepcional y que debe durar como máximo unos días, siempre bajo estricta supervisión de la transparencia legal, y bajo rigurosa evaluación”.
