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En la edición de “The Atlantic Monthly” de marzo de 1982, los investigadores norteamericanos James Wilson y George Kelling publicaron un artículo titulado “Ventanas rotas. La policía y la seguridad del vecindario”. La premisa era la siguiente: “Consideren un edificio con una ventana rota. Si la ventana no se repara, los vándalos tenderán a romper unas cuantas ventanas más. Finalmente, quizás hasta irrumpan en el edificio, y si está abandonado, es posible que sea ocupado por ellos o que prendan fuego adentro”. Del mismo modo, en las zonas de la ciudad donde no existe control de las “conductas desordenadas” los “crímenes serios florecen”.
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El alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani (1994-2001) siguió ese razonamiento para elaborar su estrategia de combate a la delincuencia: la “tolerancia cero” tanto a crímenes graves como a faltas menores.
Más de 30 años después de la aparición del artículo en el periódico norteamericano y a un mes de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reinstaló los juzgados de Faltas, las autoridades de la Policía uruguaya comenzaron a retirar de los semáforos a quienes se ofrecen a limpiar parabrisas, reparten volantes o hacen malabares para recibir dinero.
“El objetivo es restablecer el orden y el cumplimiento de la ley. No se aplicó antes porque no había juzgados de Faltas”, explicó a Búsqueda una autoridad de la Policía.
La medida generó críticas de algunos dirigentes del oficialismo y de la oposición, porque creen que “estigmatiza” a un sector de la población.
“Primera barrera”.
El Ministerio del Interior emitió un comunicado el lunes 17 en el que informó que desde el 20 de mayo la Jefatura de Montevideo inició un “operativo de prevención y control” sobre “las principales intersecciones de las avenidas que poseen semáforos” para impedir que “peatones realicen actividades que puedan provocar problemas de seguridad en el mismo y en esas zonas”. El objetivo, según las autoridades, es proteger “la integridad física de esas personas”, el “cumplimiento de las ordenanzas del tránsito” y prevenir “delitos que se cometen contra personas de mayor vulnerabilidad mediante el uso de violencia sobre las mismas y su vehículo”.
El operativo consiste en identificar a las personas que limpian vidrios, hacen malabares o reparten volantes en los semáforos y notificarlas de que no pueden hacerlo. Si persisten en su conducta, la Policía las detiene y comunica al juzgado de Faltas. Hasta el lunes hubo 49 controles, en los cuales 58 personas fueron notificadas y 12 detenidas. En todos los casos, el juez dispuso la libertad de los involucrados.
Desde el comienzo del actual gobierno, las autoridades de la Policía han impulsado el restablecimiento de los juzgados de Faltas. Los policías entienden que, como en la teoría de las “Ventanas rotas”, el control de inconductas menores es “la primera barrera” contra la delincuencia, explicaron fuentes del Ministerio del Interior.
El control de los limpiavidrios está en la “línea de combatir las faltas y los pequeños delitos”, añadió uno de los consultados.
La Suprema Corte de Justicia reabrió los juzgados de Faltas el 15 de mayo, luego de que el Ministerio del Interior le transfirió el dinero necesario para su funcionamiento.
Además de perseguir las faltas menores, el Ministerio del Interior que encabeza Eduardo Bonomi aplica otras medidas impulsadas por Giuliani, como establecer un “mapeo” del delito. Incluso, el gobierno contrató al jefe de Policía de Nueva York de la época, William Bratton, para que asesore a las autoridades policiales uruguayas (Búsqueda Nº 1.658).
Estigmatizar o “apretar”.
El control de las faltas es un tema que despierta polémica dentro del oficialismo. Desde fines del 2012, el Frente Amplio discute un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para actualizar el capítulo de Faltas del Código Penal. Pese a varias instancias de negociación, los legisladores no lograron un acuerdo sobre qué penar.
Esas diferencias quedaron en evidencia horas después de que el Ministerio del Interior informó que la Policía está controlando los semáforos.
Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), escribió en su cuenta de Twitter que la medida “no se ajusta a derecho y estigmatiza” a las personas.
“Hay que estar atentos a que (limpiar parabrisas) no sea un mecanismo que se utilice para delinquir, pero no estoy de acuerdo en establecer un silogismo de: limpiavidrios es igual a delitos”, declaró Gustavo Bernini (Partido Socialista) ayer miércoles a “El Observador”.
El senador y ex presidente Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional), en tanto, dijo que la Policía no está autorizada a hacer esos operativos y que solo algunos de los que trabajan en los semáforos cometen delitos. “No podemos, sin embargo, en estas generalizaciones, hacer caer a todo el mundo. Y el colmo ocurrió ayer, cuando quienes repartían volantes invitando a concurrir a la jornada del próximo 23 de junio fueron perseguidos por la Policía y advertidos de que se les iba a llevar detenidos por presentar un volante de opinión pública. Eso nosotros lo hacemos con las listas y las hojas de votación”, denunció el martes 18 durante la sesión parlamentaria.
El director de la Unidad de Comunicación del Ministerio, Fernando Gil, escribió ese día en su blog personal que la medida se apoya en la ley de Tránsito y Seguridad Vial (Nº 18.191) y en las ordenanzas municipales. “En tiempos de cifras récord de desempleo —añadió—, no se pueden admitir argumentaciones que hablen de ataques a trabajadores independientes, porque si bien puede ser muy digna la tarea o servicio que realizan, lo hacen en lugares no habilitados para los mismos y encima, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros”.
Ayer miércoles, la senadora Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular) declaró a “La República” que “está muy bien” que la Policía “ponga un poco de presencia”. La esposa del presidente José Mujica afirmó: “Hay momentos en los que hay que apretar un poquito”.
