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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvieron en el acuerdo de ayer miércoles pedirle en forma “urgente” en un plazo máximo de 72 horas un informe al juez de paz de Villa del Carmen (Durazno), Santiago Lorenzo, quien pidió a la Policía que notificara a una periodista local que no puede recibir denuncias de los ciudadanos con respecto a la policlínica, al juzgado y a la Policía de esa localidad.
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Fuentes del máximo órgano de Justicia del país manifestaron su preocupación por este caso debido a que puede constituir un ejemplo de censura previa en el que se le impida a un profesional de la comunicación desarrollar su tarea de recibir y difundir información de interés público y en definitiva de los ciudadanos a expresarse.
“Vamos a analizar el caso, escuchar los argumentos y en todo caso se actuará con severidad”, manifestó una alta fuente de la Corte, que mencionó que en las últimas horas recibieron múltiples manifestaciones de rechazo a esa decisión judicial.
En diálogo con Búsqueda, el magistrado involucrado precisó que su intención no fue cercenar la libertad de expresión de la periodista sino que quiso “advertirle” sobre los problemas legales en los que podía incurrir si abría los micrófonos de la radio para que la población cuestionara a los médicos de la policlínica (ver nota en página 38).
Fuentes de la corporación señalaron que por más que la intención del magistrado haya sido buena, “notoriamente se extralimitó en su función” por lo que posiblemente se decida en los próximos días el inicio de una investigación administrativa.
Las fuentes agregaron que es necesario insistir en la formación que reciben los futuros jueces en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (Ceju) acerca de la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo de la democracia y la salud de las instituciones.