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La negociación no era fácil. El Poder Ejecutivo acaba de anunciar un aumento de los impuestos y se ajusta el cinturón para que la próxima Ley de Rendición de Cuentas que enviará al Parlamento en estos días suponga el menor esfuerzo presupuestal posible. Para eso se postergarán gastos en varias áreas, algunas todavía en debate dentro del Frente Amplio.
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Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez se había comprometido con los líderes de la oposición —en el marco de la comisión que convocó para buscar medidas para mejorar la seguridad— a no postergar más la puesta en marcha de la reforma del proceso penal, un cambio que autoridades y operadores judiciales consideran que es clave para mejorar las investigaciones criminales y combatir el aumento de los delitos. En el Poder Judicial estaban firmes en que sin recursos extra no había forma de implementar los cambios, y Vázquez dijo que habría más fondos.
Un auditor chileno estuvo en el país analizando los números de la Justicia y elaboró una propuesta de lo que serían los montos necesarios para la reforma. Pero sus proyecciones demasiado austeras no convencieron al Poder Judicial, dijeron a Búsqueda fuentes del Ejecutivo.
El lunes 13 el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, y un equipo del Poder Judicial que trabaja en la implementación de la reforma, se reunieron con el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, y algunos asesores para conversar sobre los números.
La propuesta inicial de Economía rondó los $ 150 millones (casi unos U$S 5 millones), algo muy inferior a lo que pretendía la Corte. La conversación se estancó y decidieron volver a reunirse al día siguiente. Ambas partes procurarían llevar propuestas más ajustadas a las aspiraciones del otro.
La Corte redujo algunos requisitos y elaboró una propuesta con los nuevos cargos indispensables, entre jueces, defensores de oficio y técnicos. El martes 14 los representantes del Poder Judicial volvieron a reunirse con Ferreri. Esta vez, el gobierno tenía una contrapropuesta más cercana a las aspiraciones de la Justicia y las negociaciones se encaminaron.
Según informó a Búsqueda Pérez Manrique, luego de dos días de negociaciones se llegó a un “acuerdo muy avanzado” y en “líneas generales” el tema del dinero quedó “casi arreglado”. “Vamos por el buen camino”, afirmó.
Indicó que el monto acordado ronda los $ 280 millones para la creación de nuevos cargos, principalmente, y gastos. Además, habrá una partida de $ 50 millones para inversiones. En total son poco más de U$S 10 millones. La prioridad de la Corte es invertir en incorporar salas de audiencias, que serán clave para el nuevo proceso penal, dijo el ministro.
Pérez Manrique informó que la Corte y el presidente Vázquez convocarán a una conferencia de prensa para el próximo lunes, para informar sobre el acuerdo.
“Vamos a hacer un gran esfuerzo de gestión”, dijo el ministro, y afirmó que enseguida pondrán en marcha las tareas para prepararse para el nuevo Código, ya que el tiempo es reducido. “Nos pondremos a trabajar ya, como si tuviéramos el dinero”, afirmó. Entre otras cosas, hay urgencia por llamar a concurso para ocupar los nuevos cargos que se van a generar, explicó.
En vista de esas necesidades, y con el objetivo de llegar a tiempo para la fecha prevista para empezar con el nuevo proceso, es posible que se pueda disponer de algún dinero por adelantado, informó Pérez Manrique.
Según acordaron los partidos políticos en el Parlamento, tras escuchar las posiciones de la Fiscalía General y del Poder Judicial, el nuevo proceso penal comenzará a regir a mediados de julio de 2017, luego de la feria judicial. Los recursos extra que se prevean en la Rendición de Cuentas estarán disponibles a partir de enero, con lo cual la Corte tiene seis meses para concretar las reformas necesarias para que se ponga en marcha el sistema.
El nuevo Código del Proceso Penal establece un proceso acusatorio, con los fiscales a cargo de las investigaciones, en lugar del sistema inquisitivo que hay en la actualidad, donde son los jueces los que investigan y a la vez juzgan los hechos. Además, los juicios penales pasarán a ser orales y públicos.
