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La Suprema Corte de Justicia resolvió esta semana presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que modificó la carrera judicial, informaron a Búsqueda fuentes de la corporación. La iniciativa, aprobada a instancias del Frente Amplio y promulgada por el Poder Ejecutivo el 18 de setiembre, introdujo cambios a la Ley de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (Nº 15.750). Una de las principales modificaciones es que estableció que se deberán realizar concursos de oposición y méritos para ingresar y ascender en la carrera judicial.
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Cuando en agosto los ministros de la Corte asistieron a la comisión del Senado que tenía a estudio el proyecto, no disimularon su oposición a los cambios propuestos. Incluso, el presidente de la corporación, Eduardo Turell, adelantó que creían posible que incurriera en “alguna inconstitucionalidad” (Búsqueda Nº 2.032).
La iniciativa, no obstante, contaba con el empuje de los legisladores oficialistas —en particular del senador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera, redactor del texto—, con el apoyo de senadores de la oposición y con el respaldo de la Asociación de Magistrados (AMU). Así, continuó su curso y fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta y con los votos del Frente Amplio y del Partido Independiente en Diputados.
Pero la Corte no dio la batalla por perdida. El lunes 16 los ministros resolvieron, tras estudiar el texto aprobado, presentar un recurso de inconstitucionalidad alegando que viola “varios artículos” de la Carta Magna, según informaron las fuentes a Búsqueda. El recurso aún se encuentra en elaboración y será interpuesto en los próximos días, añadieron.
Como la Corte, a quien le corresponde decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, no puede resolver un recurso interpuesto por ella misma, para este caso se deberá conformar un tribunal con ministros de apelaciones designados por sorteo.
Como la Corte, a quien le corresponde decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, no puede resolver un recurso interpuesto por ella misma, para este caso se deberá conformar un tribunal con ministros de apelaciones designados por sorteo.
En la actualidad los jueces son designados por la Suprema Corte, aunque desde hace unos años los ministros acordaron solo nombrar a candidatos egresados del Centro de Estudios Judiciales (CEJU), que brinda una formación de dos años a los abogados que aspiran a la judicatura. Los ascensos también son resueltos por la Corte, que elige entre los magistrados que integran una lista para ascender. Esa lista es elaborada por una comisión asesora integrada por representantes de la Corte, del Colegio de Abogados y de la Asociación de Magistrados, a partir de las evaluaciones de los jueces que hacen sus superiores procesales.
La nueva ley quita parte de esas potestades a la Suprema Corte, ya que establece que se deberán realizar pruebas de conocimiento para los ascensos y reglamenta de forma más precisa cómo deberán ser evaluados los magistrados. Además, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la ley dispone que los jueces no podrán ser trasladados de materia “sin su consentimiento”.
Esos cambios, a juicio de los ministros de la Corte, contravienen varios artículos de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 239, que establece que al máximo tribunal le corresponde “nombrar a los jueces letrados de todos los grados y denominaciones”, y que para ello es suficiente contar con “la mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte”.
A pesar de la resistencia de los ministros, la ley cuenta con el apoyo del gremio de los jueces. Según declaró semanas atrás a Búsqueda el presidente de la AMU, Alberto Reyes, la norma es “un avance” y va en línea con reclamos históricos de los jueces de reducir la “discrecionalidad” de la Corte.
Según Reyes, incorporar los concursos para determinar los ascensos es “más saludable” . La ley estableció una combinación de ambos sistemas, por lo cual se tendrá en cuenta la opinión de los superiores y el resultado de las pruebas de conocimiento.
