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La Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado donde informa de las medidas que tomará tras tomar conocimiento del informe de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Adepu), publicado en la última edición de Búsqueda, que denuncian un aumento “preocupante” de abusos policiales y pérdida de garantías.
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El máximo tribunal resolvió “remitir una copia del informe a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud Pública, al Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario y a la Institución Nacional de Derechos Humanos”.
Además, solicitará a Adepu “que especifique si ha relevado casos concretos que comprometan la responsabilidad de magistrados o funcionarios judiciales, ya sea por acciones u omisiones, a los efectos de ejercer los poderes disciplinarios que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia como jerarca del Poder Judicial”.
En el documento al que accedió Búsqueda, los abogados que dan asistencia gratuita a personas de bajos recursos aseguran que han observado “un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales”.
Para llegar a ese diagnóstico, Adepu realizó un relevamiento entre los defensores penales de todo el país, que dan asistencia gratuita a las personas de bajos recursos (alrededor del 90% de quienes están sujetos a un proceso penal).
El relevamiento mostró un panorama preocupante y generalizado en casi todos los departamentos. Allanamientos sin orden judicial que se “disfrazan” como inspecciones “voluntarias”, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, uso “desmedido” de la fuerza frente a niños, daños innecesarios en hogares de bajos recursos.
Los defensores señalan que si bien varios episodios han sido denunciados ante el fiscal del caso y el juez de garantías, generalmente se encuentran “con el obstáculo de falta de pruebas y el poco interés en la Fiscalía de investigar estos excesos debido a que está en juego la suerte de la investigación que está llevando a cabo”.